CIUDAD DEL VATICANO. La Pontificia Comisión para la Ciudad del Vaticano informó que ya entró en vigor la Ley que refuerza las medidas contra el reciclaje de fondos y el financiamiento al terrorismo. La adopción ayer, de la Ley XVIII, pone en práctica la iniciativa del Papa Francisco del 8 de agosto para impulsar la transparencia, vigilancia e información financiera. Esa medida confirma que la cúpula de la Santa Sede cumple con el compromiso de rendición de cuentas de las finanzas propias y la adhesión al marco jurídico internacional.
Esa medida también indica que se cumple el ofrecimiento de una mayor rendición de cuentas en las finanzas del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el llamado Banco Vaticano. Apenas en mayo pasado el diario especializado Financial Times comentaba la publicación del primer informe de esa institución, correspondiente a sus operaciones en 2012.
La liberación de aquel informe fue un primer síntoma de que el secreto financiero en las dependencias de la Santa Sede no puede mantenerse. Con la adopción ayer, de la ley contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento al terrorismo, anunciada semanas atrás, se da un paso más hacia la integración vaticana al marco jurídico global en la materia.
En ese documento, el IOR subrayaba que su objetivo es ofrecer un “instituto de confianza, confiable y eficaz” que tutele el patrimonio de la Iglesia católica. En esa lógica de eficiencia es que los analistas interpretan el ánimo del Vaticano por integrarse a las normas regionales e internacionales que se comprometen a la transparencia y a combatir la doble contabilidad que favorece a la delincuencia organizada y al terrorismo.
La nueva ley XVIII, aspira a consolidar la disciplina de las instituciones financieras del Vaticano en: prevención del lavado de dinero (reciclaje) y financiamiento del terrorismo a través del fortalecimiento de la vigilancia y reglamentación de los organismos involucrados en actividades de naturaleza financiera.
También refuerza la obligación de colaborar e intercambiar información, por parte de la Autoridad de Información Financiera, a nivel interno e internacional. Así mismo, dispone de medidas contra los sujetos que amenazan la paz y la seguridad internacionales; declaración de transporte transfronterizo de dinero en efectivo, señala la Pontifica Comisión.
Esa ley confirma las disposiciones del Decreto N. XI, del 8 de agosto de 2013 destinadas a fortalecer el sistema interno de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo. Con esa nueva norma, el Vaticano está en consonancia con las normas internacionales y con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Unión Europea. Redacción