Las denuncias presentadas por los servicios de inteligencia financiera de México, por operaciones de lavado de dinero sumaron, en cuatro años, apenas 89 millones 318 mil pesos, cifra que es muy baja para la cantidad de dinero sucio que pasa por el país.

 

El monto de dinero que sumaron las denuncias que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presento ante la PGR entre 2007 y 2011 ha tenido un notorio incremento anual. En 2007 sólo se detectaron 5 millones 553 mil pesos, contra los 49 millones 707 mil que alcanzaron en 2011.

 

De acuerdo con legisladores esta situación se debe a deficiencias legales, pero también al mal desempeño de las autoridades.

 

En este momento México enfrenta diversos señalamientos en materia de lavado de dinero, entre las acusaciones mutuas entre el PRD y PRI, la multa por 79 millones de pesos impuesta al banco HBSBC por las debilidades en sus controles para prevenir el lavado de dinero, y las críticas de Estados Unidos ante la deficiente legislación mexicana, entre otros.

 

Las definciencias

 

El diputado perredista electo, Miguel Alonso Raya señaló en entrevista que uno de los problemas es que las multas que impone la autoridad financiera son mucho menores a las ganancias que se obtuvieron por el blanqueo de recursos.

 

Es por ello, que Alonso Raya subraya la necesidad de una mayor regulación bancaria y de las sofoles.

 

Respecto a la legislación, el diputado comentó que las distintas fuerzas políticas deben eliminar la desconfianza para poder ponerse de acuerdo en ésta y otras legislaciones que requiere el país.

 

Para el ex senado César Camacho los montos tan reducidos sobre lavado de dinero responden a una deficiencia normativa, pero muy subrayadamente una deficiencia en el desempeño de las autoridades vinculadas con ello, que no dejan de ser sino la secretaría de Hacienda y la PGR.

 

Explicó que este delito pone en riesgo la soberanía nacional, por tratarse de un problema trasnacional y por la magnitud de los montos y de los actores, ya que muchos de ellos, como suele ser el gran capital, no tienen patria y por ello es algo a lo que hay que ponerle especial cuidado, depurar, afinar, tanto el marco normativo como las instituciones.

 

Ley en suspenso

 

La iniciativa de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo fue aprobada con modificaciones en ambas cámaras, y regresó al Senado (cámara de origen) el último día del periodo ordinario de sesiones, por lo que ya no se tuvo el tiempo necesario para su análisis, dictaminación y aprobación por parte del Senado.

 

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló el fin de semana que la regulación contra el lavado de dinero seguirá incompleta mientras no se aprueben los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo que “permanecen en el limbo en el Congreso mexicano”.

 

En su informe sobre lavado de dinero y delitos financieros, el gobierno estadunidense señaló que México debe modificar su legislación referente al financiamiento al terrorismo para hacerla coincidir con la “Convención de las Naciones Unidas para la Represión del Financiamiento al Terrorismo” y promulgar leyes para congelar, sin demora, los activos de terroristas designados por el Comité de Sanciones de la ONU en su resolución mil 267, que se refiere a los talibanes que operan en Afganistán.

 

No obstante, en el país no se pudo convocar a un período extraordinario para aprobar esta iniciativa, que de acuerdo a un análisis priista tiene graves problemas como el artículo 31, que viola el artículo 16 de la Constitución, ya que establece que la Secretaría de Hacienda podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública no sólo para la práctica de visitas de verificación, sino para “el ejercicio de las facultades que le confiere la presente ley…, cuando las circunstancias así lo requieran”, lo que resulta contrario a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, porque no especifica cuáles serían estas circunstancias.

 

Además al poner una lista de “sujetos obligados” como las personas que se dediquen a la realización de concursos, sorteos, juegos, así como a quienes comercialicen tarjetas de servicio o de crédito, vendan autos, joyas o inmuebles y notarios, entre otros, a los que se les imponen deberes, se les trata de manera limitativa y restringida, con lo cual se afecta la competencia legal que debe existir.

 

Ahora será el nuevo Senado, que se instalará en unas semanas, el que definirá el futuro de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo.