BUENOS AIRES. Un fiscal imputó hoy por presunto lavado de dinero a Lázaro Báez, un empresario muy cercano al fallecido ex presidente de Argentina Néstor Kirchner y a su esposa y actual mandataria Cristina Fernández.
El fiscal federal Guillermo Marijuán confirmó que pidió al juez Sebastián Cassanello que investigue a Báez. El empresario quedó salpicado en abril por denuncias periodísticas sobre el supuesto envío irregular de unos 55 millones de euros (unos 71 millones de dólares) a presuntas cuentas bancarias en Suiza a nombre de empresas radicadas en paraísos fiscales.
Marijuán no quiso explayarse sobre el contenido de su dictamen en el que también aparecen imputados Martín Báez, hijo del empresario acusado, el financista Fabián Rossi y el contador Daniel Pérez Gadín. Otros dos sospechosos de la causa son los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar.
Las denuncias contra Báez aparecieron en abril en el programa de televisión Periodismo Para Todos conducido por Jorge Lanata, uno de los periodistas más críticos con la presidenta. El informe periodístico contiene declaraciones de Fariña que dan a entender que Kirchner conocía las maniobras irregulares y era socio de Báez. El programa generó un gran escándalo que motivó que opositores y abogados pidieran a la justicia la investigación de los supuestos delitos.
Báez, un empresario de la construcción cuyas compañías han estado a cargo de obras públicas en la provincia sureña de Santa Cruz -gobernada por Kirchner en los años 90-, ha negado la comisión de las supuestas irregularidades en declaraciones públicas.
El abogado Ricardo Monner Sans, uno de los denunciantes de la causa, elogió a Marijuán por su “independencia”. “Esto significa la posibilidad de abrir muchas más puertas… Nadie puede pensar que la corrupción empieza y termina en Báez… hay otros apellidos que podrían empezar a caer”, sostuvo Monner Sans, titular de la Asociación Civil Anticorrupción, en declaraciones al canal de cable Todo Noticias.
En su dictamen, parte del cual fue reproducido por medios de prensa, el fiscal solicitó al magistrado que lleve a cabo una serie de diligencias para avanzar en la investigación e incluye cuestionamientos a la investigación que realizó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), mientras Marijuán estaba de licencia al inicio de la investigación.
“¿Qué es lo que ha aportado la Procelac en pos de esclarecer y dar rapidez a la investigación? Nada, es mi respuesta obviamente”, afirmó Marijuán.
El vicepresidente Amado Boudou afirmó a la radio La Red que la denuncia de lavado de dinero contra Báez fue “armada mediáticamente” con el objetivo “exclusivo” de ensuciar la figura de Kirchner.
Boudou consideró “muy fuera de lugar” la investigación periodística “porque son todas cuestiones armadas mediáticamente, donde no hay nada concreto ni nada que se pueda ver en términos de lo que ellos quieren poner”.
Fariña relató a Lanata sus vínculos con Báez durante una entrevista que fue grabada hace más de un año con una cámara oculta. En ella explicó cómo eran los supuestos envíos irregulares de dinero que le ayudó a hacer al empresario y de los que, según indicó, habría estado al tanto Kirchner, presidente entre 2003 y 2007 y fallecido en 2010.
Fariña calificó a Báez de “socio” del ex mandatario “en todo”. Fariña también afirmó que él era el encargado de trasladar el dinero en euros desde la ciudad de Río Gallegos, capital de Santa Cruz, a una financiera en Buenos Aires, desde donde salían los fondos.
Elaskar era el dueño de dicha financiera y también fue entrevistado por Lanata, a quien contó que en 2011 Báez y Fariña supuestamente transfirieron los fondos millonarios a presuntas cuentas en Suiza. Elaskar dijo que lo amenazaron de muerte para que vendiera su financiera y que la firma está manejada ahora por el contador Pérez Gadín.
Tanto Fariña como Elaskar se desdijeron de sus dichos a Lanata en declaraciones que hicieron pocos días después de que saliera a la luz la investigación periodística. Lanata mostró después en otro programa los supuestos documentos que ratificarían la creación de empresas en paraísos fiscales por los Báez.