El reciente nombramiento de Víctor Hugo Páramo, como coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), le dio un respiro a este organismo del que sólo se sabe que está “activo” cuando se declaran las contingencias atmosféricas en el Valle de México o cuando se dan conferencias como la de ayer para anunciar ajustes en los programas.
Páramo, que hace apenas una semana, en plena emergencia ambiental por PM 2.5 y ozono, asumió el cargo, es el tercer coordinador de la CAMe desde que se creó, el 23 de agosto de 2013 (el primero fue Francisco Barnés Regueiro seguido de Martín Alberto Gutiérrez Lacayo). Sin duda, los tres con trayectoria y con formación científica, pero insertados en los vaivenes de los Gobiernos en turno, sea federal o estatal, pues este organismo no tiene un sustento en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y sólo está regulado por un convenio de coordinación.
Si bien el enfoque de la CAMe es procurar la protección ambiental y la restauración del equilibrio ecológico en seis entidades (Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala), en la práctica sólo se reduce para coordinar acciones entre el Edomex y la CDMX. De lo que se hace con las otras entidades no hay transparencia.
Simplemente basta con ver el portal de la CAMe, descontextualizado, sin frescura informativa y sin objetivos claros en programas y trabajos con los estados.
La emergencia ambiental de hace una semana mostró el desinterés de este Gobierno federal con tan importante organismo, que estuvo por más de dos meses acéfalo, máxime cuando el Valle de México todos los días está impactado por la contaminación por ozono y por partículas PM 10 y PM 2.5.
Por eso, más allá del anuncio de la CAMe sobre el nuevo Programa para Prevenir y Responder a las Contingencias Ambientales Atmosféricas, los legisladores, autoridades y expertos deberían estar impulsando con fuerza los cambios que necesita con urgencia este organismo.
Existen algunos pronunciamientos de diputados en el Congreso de la CDMX para cabildear una iniciativa con el Congreso de la Unión sobre los cambios que necesita la CAMe para convertirse en un ente público descentralizado, con personalidad jurídica y con presupuesto propio asignado por la Cámara de Diputados.
Esto urge tanto como el reforzamiento de medidas de protección a la salud de la población. De lo contrario, por muy científico que sea el coordinador de la CAMe (cuyo periodo en el cargo está sujeto a dedazos), estará sujeto a la agenda política de gobernantes y de banderas de partidos. No hay que olvidar que siempre ha habido una disputa entre los Gobiernos de la CDMX y el Edomex (entiéndase entre priistas y ahora morenistas, pues antes era con el PRD) por tener el control de este tipo de organismos; ya pasó con la anterior Comisión Ambiental Metropolitana (CAM), cuando la Presidencia se peleaba cada dos años, y la consecuencia era de fracturas en programas y de eternas acusaciones. Aún sigue separado el programa de la Verificación Vehicular entre la Ciudad de México y Estado de México. Qué pasará entonces con las otras entidades donde sólo hay buenas voluntades.
La CAMe debe estar blindada de los cambios en la geografía política de la megalópolis, y una buena conducción del organismo llevará a concretar consensos con las entidades.
Las medidas extraordinarias que ayer se anunciaron (y que abordaremos a detalle en la próxima entrega) son signos inequívocos de que esta Comisión necesita de un fortalecimiento científico que trascienda las burocracias y los manoseos políticos.