Las normas oficiales mexicanas en las que se basan para la construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales no han sido actualizadas en 20 años, dijo el investigador de la Universidad de Guadalajara, José Antonio Gómez Reyna.
Esto significa, explicó en entrevista con 24 Horas, que existan contaminantes nuevos que se están vertiendo en los ríos y cuencas del país, que ni siquiera están mencionados en la normatividad mexicana.
“En las cuencas nacionales las descargas de la industria, las agrícolas y domésticas, si llegan a pasar por un proceso de tratamiento, se realizan con una normatividad que data de hace dos décadas y que no hablarn de hormonas, de antibióticos, o nano materiales.
“En cambio, si revisas las normas en Estados Unidos, Asia o la comunidad Europea, y las comparas, te das cuenta que las de aquí son una vacilada”, expresó el investigador.
Incluso, dijo Gómez Reyna, existen contaminantes para los cuales ni siquiera se ha diseñado un tratamiento adecuado.
La actualización de las NOM’s es urgente, pero además, debe procurarse su c cumplimiento, para lo cual son necesarias auditorías hechas por un tercero, y no por quienes están contaminando los afluentes, sean fuentes particulares o gubernamentales.
“Ahorita la Conagua lo que está haciendo son simple y sencillamente macro proyectos económicos, de dónde van a sacar dinero y ellos van sobre la privatización del agua, y aquí la pregunta es ¿y la calidad del agua, cuándo?”, comentó.
El investigador también se refirió al uso de fertilizantes, agroquímicos e insecticidas cuyo uso está prohibido a nivel internacional y en México son de libre venta, y sin el uso de tarjetas sanitarias.
“Si yo quisiera comprar fertilizante llego con un camión, lo lleno y nadie me dice nada, y lo mismo con los insecticidas, con los desfoliadores, y eso va generando un problema de contaminación de los cuerpos de agua que repercute en enfermedades”, explicó.
De las plantas de tratamiento de aguas, comentó, las más económicas son biológicas, pero cualquier descarga que no sea orgánica puede destruir la cepa de bacterias y la planta dejará de funcionar.
“Y resulta que hay muchos elementos que no pueden ser procesados en estas plantas como los metales pesados, o los órgano clorados, y esto se debe a que la norma oficial mexicana no se modifica ni se actualiza”, dijo.
Por ello, continuó, quienes contaminan pueden decir que están cumpliendo la norma y tienen razón, aunque es una normatividad que no sirve para la actualidad.
A ello se suma el gasto de millones de litros de agua en cosechas que no son rentables, porque “terminan con una siembra de maíz forrajero que vale 700, 800 pesos”.
LEG