La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que permitió el congelamiento de cuentas de los directivos de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo y Alfredo Álvarez Cuevas, así como de Víctor Garcés Rojo, se desarrolló “sin pruebas, a través de indicios y sin argumentos de responsabilidad”.
Al menos así lo expusieron expertos en derecho penal y constitucionalistas, quienes señalaron que la UIF recurrentemente vulnera la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que considera arbitrarias las acciones de esa instancia, cuando parten de meros indicios, sin pruebas.
De acuerdo con los expertos legales que opinaron sobre el tema de la Cooperativa Cruz Azul, el actuar de la UIF y la falta de contundencia en sus investigaciones derivo el año pasado en el desbloqueo de más de 1 mil 500 millones de pesos, 4.6 millones de dólares y 9 mil euros, por ineficiencia de pruebas para sustentar un delito.
Mario Carlo Rodríguez González Ulloa y Eduardo Sadot Morales Figueroa, los expertos, consideraron esa acción como una falta de tacto y prudencia del gobierno federal, al que acusaron de crear una “cortina de humo para ocultar lo que realmente nos aqueja como país”.
González Ulloa y Morales Figueroa subrayaron que ante esta situación los directivos de la Cooperativa Cruz Azul resultaron agravados y calificaron de “aberrante la actuación de la dependencia” que pende de alfileres.
“Al haber realizado este congelamiento de cuentas, vulneraron los derechos de los trabajadores y de los propios implicados Guillermo y Alfredo Álvarez Cuevas, y del ex directivo Víctor Manuel Garcés Rojo”.
DAMG