En tres años como gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, dejó una estela de presuntas irregularidades en el ejercicio del gasto por 4 mil 746.8 millones de pesos.
De acuerdo con una revisión de 24 HORAS al cúmulo de observaciones practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las anomalías se refieren a presuntos daños al erario por el manejo de fondos federales.
En el análisis se tomaron en cuenta los tres años completos que gobernó Alito –como se le conoce al priista– en esa entidad. En 2016, la auditoría observó 313.7 millones de pesos; en 2017 fueron 448.1 millones de pesos.
La información contenida en las cuentas públicas da cuenta de que en 2018, previo a que solicitará licencia para buscar la dirigencia nacional del PRI, las irregularidades financieras en Campeche se dispararon y alcanzaron los 3 mil 985 millones de pesos.
En comparación, en 2015, cuando sólo estuvo tres meses en el poder, las observaciones fueron menores a 80 millones de pesos; en 2019, en el que estuvo medio año al frente del Ejecutivo, fueron detectados 78.3 millones de pesos.
De los más de 4 mil 700 millones de pesos que acumuló de presuntos daños a la Hacienda Pública, más de 3 mil millones, a la fecha, están pendientes por aclarar.
Los recursos señalados se refieren al ejercicio del gasto federalizado; es decir, de los recursos que se envían a las entidades para Seguridad, Salud, Infraestructura y Educación, entre otros rubros.
En comparación, en la primera entrega de la Cuenta Pública 2021, cuyo mandato por nueve meses estuvo a cargo del gobernador sustituto, Carlos Miguel Aysa, y los restantes tres meses por Layda Sansores, Campeche
estuvo, preliminarmente, dentro del grupo de entidades que no tuvieron observaciones.
Por ejemplo, uno de los casos más recientes es el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien durante su mandato acumuló más de 61 mil millones de pesos de presunto mal uso de fondos federales, aunque esa no fue la causa de su detención y posterior encarcelación, pues las decenas de denuncias presentadas por esos hechos siguen sin judicializarse.
Moreno Cárdenas tiene una investigación abierta por presunto enriquecimiento ilícito.
El lunes la Fiscalía de esa entidad cateó una de sus propiedades como parte del proceso.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no estaba de acuerdo “con el procedimiento porque es indigno, porque no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas”.
MINAN AL PARTIDO
Ante los conflictos del priista, senadores de los partidos que conforman la alianza Va por México consideraron que ésta debe tener liderazgos fuertes y sin distractores.
La senadora priista Nuvia Mayorga dijo que las acusaciones están minando al PRI. “Sigue minando, tenemos que tener una estructura y un partido fuerte, un líder fuerte que eso es lo que quiere la sociedad”.
En tanto, el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, dijo que en su partido lo que quieren es que sus aliados sean “lo más fuerte posible y en la medida en que vayan resolviendo los asuntos internos, irá reforzando la condición de los aliados”.
CON INFORMACIÓN DE KARINA AGUILAR
Exhiben otro audio: insulta a empresarios
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, exhibió un nuevo audio en el que se escucha al líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, insultar a algunos de los empresarios más grandes del país.
En la grabación, presentada durante el programa Martes del Jaguar, el también diputado federal señala que planea promover una reforma ‘apretar’ a los empresarios.
“Germán Larrea, Bailleres, los de Gicsa, Álvaro Fernández…chinguen a su p… madre (…) cuando yo tenga la comisión vamos… a apretarlos”, según extractos del audio.
En otra parte se puede escuchar: “se van a ir a llorar el del Grupo México y Slim, y la Aramburuzabala, todos esos cabrones nos van a mamar la v…a”, en referencia a las supuestas reformas, fiscal y minera, que planeaba impulsar.
A su vez, Sansores defendió el cateo realizado a un inmueble de Moreno Cárdenas en Campeche, el cual, dijo, fue legal y autorizado por un juez.
Al respecto, el fiscal de la entidad, Renato Sales, señaló que la diligencia se llevó a cabo conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y se rompieron las cerraduras porque ni las personas que estaba al interior ni el abogado de Alito abrieron la puerta.
La mandataria campechana se refirió a las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador por supuestamente haber atentado contra la dignidad del dirigente al hacer público parte del cateo. El mandatario nacional es “muy humano y de otra galaxia”, pero debe haber justicia.
Indicó que la última declaración de bienes de Alejandro Moreno es por 12.5 millones de pesos y la investigación es para verificar si sus más de 30 propiedades en Campeche cuadran con ese monto y con lo que ha ganado como servidor público.
Además, presentó fotografías del líder del PRI al lado de un Lamborghini amarillo, el cual, dijo, podría estar valuado en una cifra similar a su declaración patrimonial por 12 millones de pesos; y manifestó que la denuncia está puesta y ha presentado pruebas, por lo que espera que haya una respuesta de la Fiscalía General de la República (FGR), porque “no es cuestión de venganza”.
Y piden que no presida comisión
Por considerar que el diputado y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, incurre en conflicto de interés como servidor público al tener investigaciones penales y administrativas en su contra, y presidir la Comisión de Gobernación y Población, se solicitó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, suspenderlo de dicha presidencia.
“Hoy tenemos un compromiso inquebrantable de proteger y preservar los intereses del pueblo de México, frente a presuntos actos de corrupción como los del diputado Alejandro Moreno, por lo que procediendo con su suspensión no estaríamos más que cumpliendo con nuestro deber (…) que debería ser presidida por una diputada o diputado que no se encuentre bajo un conflicto de interés…”, refirió la diputada federal Andrea Chávez.
La diputada federal aseguró que en caso de no proceder con la suspensión, “nosotros mismos estaríamos violentando los principios del Código de Ética de la Cámara de Diputados y la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
LEG