Después de siete horas de un intenso debate que, a decir de la senadora del PRI Claudia Anaya, fue “vulgar y corriente”, el Senado de la República avaló la segunda parte del Plan B en materia electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que este quedó consumado.
La mayoría de Morena y sus aliados en el Senado decidieron enviar al Ejecutivo Federal para su promulgación 429 artículos contenidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en la (nueva) Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral… con la única excepción de la denominada cláusula de vida eterna, que fue eliminada del dictamen y que beneficiaba a los partidos pequeños.
e esta manera, concluyó el proceso legislativo de las reformas electorales y una vez que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación, corre el plazo para desmantelar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como para que la oposición y todos los entes que se vean afectados interpongan acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como lo han advertido.
En el debate se coló el fallo de la Corte de Nueva York en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pues los senadores oficialistas acusaron a los panistas de haber tenido un narcogobierno y descalificaron el mitin del próximo domingo 26, que se llevará a cabo en el Zócalo de la CDMX en defensa del INE.
Mientras los morenistas pedían al pueblo no salir a marchar, la oposición llamó a la ciudadanía a acudir el mitin para pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare inconstitucional el Plan B electoral.
“Pues yo sí voy a marchar el próximo domingo porque voy a defender la democracia. Yo no les creo (…) ¿Quiénes son los políticos cómplices del régimen que ustedes no se atreven a tocar? Porque el otro, el otro ya fue juzgado y va a ser sentenciado, y se lo merece, se lo merece porque le falló a los mexicanos y yo me avergüenzo de ese personaje en lo personal. Sí, me avergüenzo”, declaró la senadora del PAN Xóchitl Gálvez.
Pero los ánimos en el salón de Plenos del Senado comenzaron a incendiarse y fue la morenista Lucía Trasviña quien, con su característico acento norteño, lanzó: “Ahora, ustedes están llamando a una marcha por la democracia. ¿Cuál puta democracia han defendido ustedes? ¿Cuál puta democracia han defendido? Díganme no más, si eran partidos hegemónicos”, acusó.
Los gritos al interior del Salón de Plenos continuaban y en las pancartas de los panistas se leía: “Morena se quiere robar la elección”, mientras que los morenistas insistían en el resultado electoral de 2006, acusando un “Robo electoral” del expresidente Felipe Calderón.
Concluyeron las posturas a favor y en contra del dictamen y comenzaron las reservas, donde el debate fue más intenso aún, pues las senadoras Lilly Téllez del PAN y Rocío Abreu de Morena volvieron a enfrentarse.
La panista llamó a los morenistas “burrocratas” y “corruptos”, al referir el video en el que se ve a la senadora de Morena, Rocío Abreu, recibiendo fajos de billetes y guardarlos en una bolsa de papel; lo que ocasionó la ira de la legisladora por Campeche, quien advirtió que también podrían aparecer videos de Lilly Téllez, “pero no es para menores de 18 años”.
Al margen de las descalificaciones, la oposición insistió en que el Plan B busca desmantelar a los órganos electorales y genera un retroceso a la democracia mexicana: “Manifestamos desde ahora que en 2024 existe el riesgo de una elección de Estado y manifestamos desde hoy el rostro de una regresión autoritaria que ha venido enseñando su doloroso perfil”, advirtió la priista, Beatriz Paredes.
Concluido el debate, con 72 votos a favor y 50 votos en contra, los senadores rechazaron el cambio realizado por la Cámara de Diputados a la cláusula de vida eterna que permitía a los partidos grandes transferir votos a los pequeños para mantener su registro, lo que el Senado consideró inconstitucional y sacó del dictamen aprobado.
Y con 70 votos a favor y 50 en contra, los senadores aprobaron enviar al Ejecutivo Federal las reformas a las cuatro leyes en material electoral.
“Nos vemos en la Corte”, advirtió la senadora Xóchitl Gálvez al concluir la votación, a través de un cartel que paseó por el Salón de Plenos.
Alista la oposición más controversias en la Corte
Una vez consumada la aprobación del denominado Plan B en materia electoral, la oposición en el Senado advirtió que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de lo aprobado.
“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados mientras el oficialismo dinamita los cimientos de las instituciones que protegen, que garantizan y que le dan viabilidad a nuestra República democrática. Juntas, las oposiciones en el Bloque de Contención vamos a acudir a la Suprema Corte para impugnar este retroceso”, advirtió la senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu Salinas.
Aseguró que defenderán con argumentos los principios democráticos en el Tribunal Constitucional “y vamos a hacer valer las violaciones a las normas del proceso legislativo, como ésta que están consumando, y los mandatos constitucionales del INE y del Tribunal Electoral, como garantes del derecho ciudadano a tener elecciones justas y libres”.
En el mismo sentido, el senador del PAN Damián Zepeda advirtió que su bancada impugnará lo que calificó de “dañina reforma electoral, porque es inconstitucional y lastima la democracia”.
El senador de Movimiento Ciudadano (MC) Dante Delgado también advirtió que su partido, “presentará de inmediato la acción de inconstitucionalidad contra un ejercicio antidemocrático, regresivo, perverso y que confronta a las y los mexicanos de manera innecesaria, solo por el abuso de poder”.
De esa manera, a partir de la entrada en vigor de las reformas, los distintos entes tienen 30 días para impugnar las reformas. Las minorías en la Cámara de Diputados y de Senadores podrán presentar acción de inconstitucionalidad ante la Corte.
La primera parte del Plan B, que corresponde a cambios en la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya ha sido impugnada por los partidos de oposición, el INE e incluso ayuntamientos.
Y precisamente este martes se anunció que la Suprema Corte ya admitió a trámite diversas acciones de inconstitucionalidad presentadas.
LEG