El pasado 11 de mayo se cumplieron tres años del acuerdo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, por el que las Fuerzas Armadas realizan tareas de seguridad pública de manera extraordinaria y esta semana se cumple el plazo para que el Ejecutivo presente al Congreso de la Unión un informe semestral sobre los resultados obtenidos.

Hasta ahora, las Fuerzas Armadas sólo rinden cuentas ante el Ejecutivo Federal, quien es su comandante supremo; no obstante, ante la creación de la Guardia Nacional y las diversas reformas para que la Armada y el Ejército también intervengan en tareas de seguridad pública, se ha generado el debate de la militarización del país.

En teoría, esta posibilidad quedó atrás el pasado 18 de abril cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las reformas que transferían el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que elimina el carácter civil del cuerpo “policiaco” creado por la administración de la 4T para combatir la inseguridad.

Sin embargo, en los hechos, la Guardia Nacional sigue comandada por un militar. El general David Córdova Campos tiene ahora la responsabilidad de esa institución, en reemplazo del general en retiro, Luis Rodríguez Bucio, quien fue nombrado subsecretario de Seguridad Pública, es decir el cuerpo civil policial, también tiene a un militar.

Es por ello que, entre los parámetros que pretende solicitar la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública, integrada por senadores y diputados se deberá informar sobre los trabajos para la profesionalización policiaca.

En los proyectos de parámetros y calendario de trabajo de la Comisión Bicameral, de los cuales Pregunta Sin Ofensa tiene copia, se propone que las Fuerzas Armadas rindan cuentas de su participación en tareas de seguridad pública; para ello, se pretende que en la primera semana de junio, los titulares del Gabinete de Seguridad se reúnan con los legisladores, pero claro, en privado.

Será entonces, la primera ocasión en que los secretarios de la Defensa y Marina rindan cuentas ante otro poder que no sea el Ejecutivo, habrá que esperar.

Por lo pronto, será hasta agosto, cuando la Comisión Bicameral emita el dictamen con base en los informes de la autoridad, para saber si la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, están bajando los índices delictivos y permiten ganar territorio al crimen organizado.

Y en Pregunta Sin Ofensa:

Mientras su titular enfrenta un proceso penal por la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez, el Instituto Nacional de Migración, determinó suspender los permisos para que los migrantes transiten por territorio nacional, lo que se suma al cierre de 33 estancias migratorias en todo el país. Pese a ello, el Gobierno de la 4T asegura preocuparse y ocuparse de la crisis migratoria, vaya incongruencia.

 

    @aguilarkarina