La empresa Grupo México del empresario Germán Larrea, señaló ayer que busca llegar a un acuerdo con el gobierno federal y también analiza las acciones legales a seguir ante la toma de sus instalaciones ferroviarias en Media Agua, Veracruz por parte de la Marina, como se publicó el viernes pasado en un decreto divulgado en el Diario Oficial.
Grupo México Transportes (GMTX) informó que efectuó gastos por varios cientos de millones de pesos para la construcción de una segunda vía con independencia operativa que ya había acordado con la administración federal en 2022, misma que sería entregada a la Armada de México para el uso del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, pero el plan fue desechado por las autoridades.
Detalló que los gastos de esa nueva vía instalada serían solventados mediante la aplicación de regalías que paga la empresa año con año, pero dicho acuerdo fue desechado por el gobierno.
“No obstante, la empresa se ha mantenido en busca de un nuevo acuerdo con las dependencias federales”, insistió el grupo.
Resaltó que “Las negociaciones siguen en curso para lograr atender las preocupaciones del gobierno, sin que Grupo México falte a sus obligaciones fiduciarias con sus accionistas ni afecte a sus clientes y empleados”.
Grupo México acusó que incluso el viernes 19 de mayo por la mañana tenían agendadas reuniones de trabajo sobre el tramo de vía, pero fueron tomados por sorpresa con la publicación del decreto y la ocupación federal de su tramo concesionado de vías por elementos de la Marina.
“Estando en curso este proceso de negociación, resultó sorpresiva e inusitada la acción militar que ejecutó personal de la Marina el pasado viernes, a pesar de la cual Grupo México sigue dialogando para buscar una solución en el marco del Estado de Derecho y con viabilidad para las partes”.
“La empresa seguirá acudiendo de buena fe a la negociación en busca de un buen acuerdo para ambas partes y mantendrá el servicio de calidad a sus clientes mientras el gobierno federal le permita operar sus trenes”.
La minera señaló en un comunicado que la toma de sus instalaciones de su división Ferrosur podrían ser definitivas si no llegan a un acuerdo “ la ocupación temporal se convertirá en definitiva, en deterioro de la empresa, sus empleados, clientes, y del libre mercado”.
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El decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes pasado, declara de uso de utilidad pública los tres tramos de más de 120 kilómetros que se habían concesionado a Grupo México y los cede a la compañía nacional Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
Tras la tensión y la sorpresa del decreto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) externó el fin de semana su preocupación y “una profunda inquietud por el futuro de la inversión en México”.
Los empresarios del país hicieron hincapié que más allá de la polémica legal, “hay una inquietud por los efectos negativos que este tipo de decisiones generan en la confianza de invertir en México y de generar empleos, en un momento de grandes oportunidades”.
Parte de la extrañeza del empresariado se da en el marco de las negociaciones de la venta de Banamex al consorcio de Germán Larrea, quien horas antes de la expropiación había acudido a Palacio Nacional ante el beneplácito de el Presidente quien señaló en una mañanera que estaba de acuerdo con la venta a Grupo México.
En tanto en el decreto se precisó que la ocupación a favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec se daba con carácter de integrante de la plataforma logística multimodal a cargo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Dicho corredor une al Pacífico con el Océano Atlántico entre las vías que cruzan desde Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca. Autoridades han comentado en algunas ocasiones que se aspira a que esa infraestructura sea complementaria al Canal de Panamá.
Por ahora los tramos que ya vigilan marinos de la Armada de México son los tramos que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos, todos en Veracruz.