La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó, durante 2023, 371 denuncias de las cuales 73 fueron penales y 298 administrativas, además, solicitó al Senado 29 comparecencias de autoridades que fueron omisas en la aceptación de una recomendación, informó Rosario Piedra Ibarra.
Al presentar su informe anual al frente de la CNDH ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presidenta de la Comisión detalló que un problema que enfrentan para la reparación integral a las víctimas es la falta de presupuesto de las autoridades para dar cumplimiento a la reparación económica.
“Esto se refleja en el estado que guardan las recomendaciones en trámite, estando pendiente su conclusión por la falta del pago en su mayoría, lo cual evidencia la inoperancia del modelo que tenemos actualmente, pero también la necesidad de revisar la Ley General de Víctimas y los criterios y mecanismos existentes”, dijo Piedra Ibarra.
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En un extenso mensaje, la titular de la CNDH mencionó que durante 2023 solicitaron 116 medidas precautorias o cautelares y presentaron 80 demandas de Acción de Inconstitucionalidad derivadas de emisiones, adiciones o modificaciones de ordenamientos legales, a nivel federal y local.
La funcionaria insistió en desaparecer la CNDH porque “ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano” y es necesario transformarla en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.
“Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional (…) emerja como una institución nueva, más aún, de que es indispensable renovar el sistema no jurisdiccional mexicano, y por ende el sistema jurisdiccional existente, para cumplir cabalmente con lo que dice el artículo 1 de nuestra Constitución”, dijo Piedra Ibarra.
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La presidenta fue duramente cuestionada por la oposición por la situación de los desaparecidos en México, por los feminicidios, los migrantes y amenazas y violencia contra defensores de derechos humanos, del medio ambiente y periodistas.
“La Comisión ni siquiera presentó una acción de inconstitucionalidad contra la militarización, contra el envío del mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, esto en contra de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos.
“Pero sí presentó una acción de inconstitucionalidad contra la prohibición de que los deudores alimentarios en el país pudieran ser funcionarios públicos” reclamó el diputado Braulio López (MC).
DG