Un grupo de juzgadores promovió un juicio de amparo para evitar el envío del Ejército, Marina y Guardia Nacional a los juzgados y tribunales para ser detenidos o que les impiden ingresar, así como para evitar ser víctimas de tortura o desaparición forzada.
En la demanda, promovida contra la reforma judicial, una jueza federal, radicada en Zapopan, les concedió la suspensión provisional y colocó a las Fuerzas Armadas como autoridades responsables para responder sobre los posibles agravios y acatar el ordenamiento.
En el documento, cuya copia tiene 24 HORAS, hay al menos 20 ordenamientos, pero respecto a las Fuerzas Armadas, la jueza les ordenó no cometer actos de tortura, cualquier tipo de detención, desaparición, vejaciones o escarnio público contra los juzgadores del país, pues la medida se concedió con efectos generales.
El Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, por conducto de sus unidades jurídicas, ya respondieron al juzgado de Distrito y señalaron que no había materia para cumplir con lo ordenado en la supspensión.
El alcance de la suspensión contra el Ejército, Marina y Guardia Nacional es para evitar que cometan contra los juzgadores “actos de escarnio, infamantes, difamatorios, humillantes, vejatorios, en nuestro carácter de personas defensoras de derechos humanos”.
También los vinculan a no ejercer actos que “impliquen desaparición forzada, que se puede cometer en contra de nuestras personas, entendida como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”.
En la suspensión, se señala un escenario en que las Fuerzas Armadas realizarían actos contra ellos por orden del Estado, que actúa por afinidad a “los grupos que se alientan con el discurso de odio del titular del Poder Ejecutivo, legisladores federales y en general servidores públicos afines al partido político Morena, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
La resolución se emitió el 27 de septiembre pasado , en los últimos días del mandato de Andrés Manuel López Obrador, al que en una demanda judicial lo acusan de alentar un discurso de odio que podría derivar en la detención arbitraria de juzgadores.
La audiencia incidental para ver si se confirma la suspensión definitiva está programada para hoy a las 10:00 horas, pues en dos ocasiones se ha diferido ante el desacato de congresos locales, Senado, Cámara de Diputados en incluso la Judicatura, que tienen la orden de frenar la instrumentación de la reforma.
En este mismo juicio de amparo, la jueza Isaura Romero, titular del Juzgado Cuarto en Materia Administrativa, con sede en Zapopan, y quien salió sorteada para dejar su puesto en 2025, emitió otros ordenamientos contra autoridades a futuro, como al Instituto Nacional Electoral (INE), que le requirió no registrar a los candidatos, no imprimir boletas, no llevar a cabo la jornada electoral y no entregar constancia de ganadores de la elección judicial.
A los jueces les ordenó no entregar su puesto en septiembre de 2025 y quedarse en sus juzgados y tribunales para realizar su trabajo, por lo que el involucramiento en de las Fuerzas Armadas en este juicio de amparo es también para que el Ejército, Marina y Guardia Nacional no sean enviados a los juzgados y tribunales federales, ya sea para impedir el ingreso de los juzgadores actuales o para pedirles que entreguen sus órganos jurisdiccionales.
Esta suspensión ya fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado de Jalisco, debido a que fue también impugnada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Tesorería de la Federación, a las que le requirieron frenar la entrega de recursos para organizar la elección de juzgadores.