El clima de tensión en Bolivia se intensifica tras el alegado atentado en contra del expresidente Evo Morales, quien señaló al gobierno de Estados Unidos como responsable del incidente. Durante su programa de radio Kawsachun Coca, el exmandatario afirmó que el ataque en Cochabamba, fue un “operativo” estadounidense, mientras responsabilizó directamente al presidente Luis Arce de la situación.
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La controversia surgió cuando Morales denunció que fue víctima de un “ataque armado”, lo que provocó un intercambio de acusaciones con el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Este último declaró que Morales disparó contra varios policías durante un control antidrogas, hiriendo a uno de ellos, mientras que el exmandatario contrarrestó afirmando que los supuestos policías estaban encapuchados y que algunos parecían ser agentes de la DEA.
Desde el 14 de octubre, los seguidores de Morales bloquearon carreteras en demanda de la cesación de procesos judiciales en su contra y la renuncia de Arce. Estos bloqueos llevaron a enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, con la toma de 200 militares como rehenes en Cochabamba, un hecho que fue calificado como un “secuestro” por parte del gobierno. La respuesta oficial fue contundente: 66 civiles fueron detenidos, acusados de terrorismo y otros delitos.
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En medio de esta crisis, Morales inició una huelga de hambre para instar al gobierno a abrir un diálogo sin condiciones. Su petición incluye establecer mesas de discusión sobre problemas económicos y políticos, buscando resolver la creciente crisis de divisas que afecta al país. Sin embargo, el gobierno desestimó su propuesta, lo que llevó a Morales a lamentar la falta de respuesta ante un conflicto que, según él, está destinado a intensificarse.
A medida que las protestas continúan y las demandas de los partidarios de Morales se hacen más insistentes, la situación en Bolivia se encuentra en un punto crítico que podría desencadenar mayores repercusiones políticas y sociales en el país andino.