La estrategia de conservación del jaguar enfrenta una lucha desigual contra la cacería furtiva, deforestación de selvas, afectación de suelos tropicales para extender la mancha urbana, habilitar potreros y áreas de cultivo.

La destrucción del hábitat del jaguar avanza de forma acelerada, y con ello el riesgo de su extinción vuelve a ser una amenaza, principalmente en la zona de Calakmul, en la Península de Yucatán, donde existe el mayor número de estos felinos.

Quien por más de tres décadas se ha dedicado a la investigación de la población de jaguares en el país y que además es presidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar (ANCJ), Gerardo Ceballos, advierte que la tala clandestina y el desmonte ilegal también avanzan ferozmente en las selvas de Quintana Roo y Campeche.

Todavía el año pasado, Ceballos junto con un grupo de 60 científicos que integran dicha Alianza destacaban el aumento de la población de estos individuos en el país, al pasar en una década de cuatro mil individuos a cuatro mil 800 (según el Censo Nacional del Jaguar de 2018), gracias a este esfuerzo reconocido a nivel mundial.

Cabe destacar que esta Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar inició sus trabajos en 2005, ha realizado dos censos en 2010 y 2018 y logró el aumento de la población del depredador en un trabajo sistemático con autoridades federales y locales, pobladores, con miembros de la iniciativa privada y de las ONG.

Sin embargo, hoy el equilibrio biológico se tambalea con alto riesgo, pues no sólo se destruye el hábitat de este depredador, sino también el de sus presas (mamíferos, aves, reptiles y peces).

En una plática con Gerardo Ceballos, también miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de Norteamérica, me comentó que la Península de Yucatán ha sido afectada por programas federales de desmonte, urbanización y desarrollo agropecuario, y que entre 2001 y 2017 esta región (entre Calakmul y la reserva estatal colindante de Balam-Kin) alcanzó una superficie deforestada en más de 40 mil hectáreas por año.

Y otra situación desfavorable para la biodiversidad de toda esta región son los incendios forestales de años recientes, algunos causados por la mano del hombre y otros por los impactos del cambio climático, que han afectado más de 100 mil hectáreas de selvas.

Además, investigadores han señalado que faltan más controles sobre la aplicación de programas que impulsan el desarrollo rural –que coordina el Gobierno federal-, como Sembrando Vida, ya que se ha documentado que promueve la quema y deforestación de suelo selvático para plantar árboles frutales y especies maderables.

De igual forma existen denuncias de pobladores de los referidos estados en el sentido de que proyectos carreteros y otras obras de infraestructura urbana impactan los ecosistemas, y exigen mayor protección a las zonas naturales.

“El proyecto del Tren Maya si se hace bien, acatando la normatividad ambiental, no generará impactos negativos; al contrario, puede ser un incentivo positivo para las regiones”, afirmó Ceballos.

Ante estas alertas por la deforestación, por las fronteras agrícolas y ganaderas y la cacería ilegal, los integrantes de esta alianza piden al Gobierno federal que durante este sexenio tenga como metas: cero deforestación, cero extinción de especies en riesgo, consolidar las Áreas Naturales Protegidas (ANP), mantener los corredores biológicos, elevar las penas a quien mate jaguares y destruya su hábitat, así como reforzar la vigilancia en el suelo natural del país.