Una alerta nacional está en puerta: la próxima temporada de incendios forestales, de la cual se pronostica que será superior en 20% a la de 2019, debido a los impactos del cambio climático, en las que se fusionan intensas olas de calor y sequías.
El año pasado se presentaron en el país 7,410 siniestros, los cuales arrasaron con una superficie de 633, 678 hectáreas, cuyos resultados fueron serias afectaciones a la biodiversidad, al ambiente, a la salud y a la economía.
El mes de enero pasado alcanzó las temperaturas más altas en los últimos 104 años, desde que se lleva a cabo este tipo de registros, y de continuar esta tendencia para fines de siglo se tendrán temperaturas hasta 4 grados más altas, y el sector más vulnerable es el rural, donde están los cultivos.
Ya lo han expuesto los científicos, la temperatura promedio anual en el país se ha incrementado de manera sostenida en los últimos 10 años.
Y ante esta alerta, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) flaquea debido al recorte presupuestal (de 50%, al pasar de 300 millones de pesos a 150 millones), así como a la falta de personal técnico y a la carencia de infraestructura para hacerle frente a los incendios forestales. Nuestro escudo institucional está desarticulado, y eso es grave, como lo fue en 2019 al demostrar su debilidad para atender los siniestros.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) advirtió del serio problema que enfrenta el país por la cancelación del Programa de Empleo Temporal (PET), que garantizaba la presencia de brigadas para trabajos de prevención y de reacción ante los incendios.
Tal parece que a las autoridades del Gobierno federal esta situación no es prioritaria, no se encuentra en una agenda de seguridad nacional. Y también llama la atención que ni los legisladores han replanteado el severo recorte presupuestal a la Conafor.
Sin duda, son graves los silencios institucionales y máxime cuando el Servicio Meteorológico Nacional ya pronosticó que este año será más caluroso que el anterior.
Recientemente, grupos de ambientalistas y de expertos han solicitado al Congreso de la Unión y al propio Presidente que se declare un Plan Emergente de Contingencia, en el que se considere un presupuesto robusto y ajustar nuevamente las capacidades técnicas de la Conafor. Pero hasta ahora, no hay respuesta, y tal vez no la habrá.
Hace un año, cuando se vivía la crisis de los incendios forestales en el país, un alto funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) me reveló que en una reunión que sostuvieron con el jefe del Ejecutivo Federal, la entonces titular de esta dependencia (Josefa González) pidió al mandatario reconsiderar el recorte presupuestal a la Conafor, y la respuesta de éste fue contundente: “si continúas con ese tema hasta desaparezco tu Secretaría”.
La dependencia continúa, pero el saldo que dejaron los siniestros aún pesa en el ámbito nacional. No olvidemos, por ejemplo, la emergencia ambiental que se vivió en el Valle de México en mayo pasado. La salud y la economía se fueron a pique.
Se avecina una crisis ambiental por los incendios forestales y también tenemos en puerta otra crisis por el Covid-19.
La tormenta perfecta viene en camino y no hay una gestión estratégica urgente.
@Habitat_ARamos