Tras el congelamiento de cuentas de Guillermo y Alfredo Álvarez Cuevas, así como de Víctor Garcés Rojo, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el equipo jurídico de la Cooperativa Cruz Azul consideró que es improcedente el bloqueo, ya que el organismo encabezado por Santiago Nieto, inicio una investigación con “meros indicios, sin prueba de la responsabilidad”.
Los especialistas legales explicaron que esa acción de la UIF contraviene la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que considera arbitrarias las acciones de esa instancia, cuando parten de meros indicios, sin prueba de responsabilidad.
Según fuentes de la cooperativa señalaron que esa investigación no procede del organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sino de una denuncia promovida por los cooperativistas suspendidos con anterioridad José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez.
Los juristas recordaron que, por falta de fundamento en sus investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera tuvo que desbloquear durante 2019, más de 10,500 millones de pesos, 4.6 millones de dólares y 9,000 euros, por falta de pruebas para demostrar un delito.
Además, precisaron que, si existe una carpeta de investigación iniciada, tendrá que ser el Ministerio Público quien demuestre si existe o no un delito, así como la responsabilidad de una persona y que un juez pondere la necesidad y proporcionalidad de esa medida.
En ese marco, un vocero de la cooperativa anunció que se atenderán las solicitudes de las autoridades hacendarias y se demostrará que las imputaciones son falsas, y precisó que la medida cautelar obedece a una presunción, no a una acusación.
Ante esta situación, el vocero legal demandó la unidad de todos los cooperativistas simpatizantes del presidente de Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez, y consideró que esta situación “durará unas horas, pero el daño será permanente”.
TFA