El Senado de la República aprobó, por unanimidad, la minuta que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para debilitar las estructuras financieras de las organizaciones delictivas.

 

Al fundamentar el dictamen, avalado con 111 votos, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado Roberto Gil Zuarth, recordó que con la aprobación culmina un proceso de dos años, desde que el presidente Felipe Calderón mandó la iniciativa al Congreso.

 

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) detalló que se busca debilitar las estructuras financieras del crimen organizado e inhibir la renta que reciben de sus actividades ilícitas, y estimó que el lavado de dinero es de 10 mil a 14 mil millones de dólares.

 

Gil Zuarth descartó que con la nueva legislación se vulneren los derechos ciudadanos.

 

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el senador Arturo Zamora Jiménez indicó que la normativa dotará al Estado de herramientas jurídicas para detectar el lavado de dinero y desactivar el poder financiero de las bandas criminales.

 

Recordó que también se crea la Unidad Especializada en Análisis Financiero dentro de la Procuraduría General de la República (PGR).

 

También se supervisa a entes privados, y se les obliga a informar a las autoridades de cualquier actividad sospechosa de lavado de dinero, subrayó por último el legislador priista por el estado de Jalisco.

 

En nombre del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Encinas Rodríguez consideró que ya no habrá pretextos para que tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como la PGR actúen de manera coordinada para desmantelar las redes del narcotráfico y su enorme poder económico y patrimonial.

 

La ley contra el lavado de dinero, que fue enviada al Ejecutivo para su promulgación, establece medidas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita o aquellas “tendientes a financiar al terrorismo”. Así, se constituye un régimen de identificación y reporte de operaciones vinculadas a actividades vulnerables, ya que éstas pueden ser utilizadas por el crimen organizado para sus procesos de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo.

 

Según el dictamen avalado, las “actividades vulnerables” son aquellas como la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos, por lo que quienes las llevan a acabo deberán reportar a la Secretaría de Hacienda este tipo de operaciones cuando los montos asciendan a 645 veces el salario mínimo.

 

También se investigará la emisión o comercialización de tarjetas de servicios, de crédito, prepagadas y las que sean instrumentos de almacenamiento de valor monetario o permitan la transferencia de fondos cuando el monto acumulado en la cuenta sea igual o superior a 805 veces el minisalario.

 

En el caso de las tarjetas de prepago, se deberá informar cuando su comercialización se realice por una cantidad igual o superior a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente, por operación.

 

Por otra parte, la Secretaría de Hacienda podrá conocer las operaciones de compra-venta de metales o piedras preciosas, joyas y relojes, cuando el valor de las transacciones sea de 805 veces el salario mínimo vigente.

 

Asimismo, serán objeto de aviso ante la Secretaría de Hacienda la comercialización o distribución de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres, así como la compra o transferencia de bienes inmuebles y obras de arte.

 

Dicha dependencia estará facultada para emitir reglas de carácter general para asegurar el buen funcionamiento de esta ley, además de que podrá someter a los funcionarios adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR a evaluación para su ingreso y permanencia.

 

Lo anterior, se indica en el texto, permitirá proteger la identidad de ese personal y no poner en un estado de vulnerabilidad su integridad física.