Julia, de 75 años, se encontró de la noche a la mañana con todas las pertenencias de su casa en la banqueta. Un grupo de golpeadores llegó con mazos a tumbar puertas y romper candados y tomó el control de su edificio.
Argumentaron que había un juicio de por medio y el inmueble estaba en litigio, así que podían pasar por encima de cualquier acuerdo, olvidar los contratos de renta que no tenían mucho de haberse renovado y lanzar a la calle a Julia y a sus vecinos.
Estaban en la banqueta lo mismo quienes rentaban que quienes eran dueños de departamentos desde hace al menos una década. Adultos mayores, mujeres, niños. Todos en la calle igual con desamparos parecidos.
De ahí recorrieron un camino no menos empedrado para buscar ayuda jurídica, para saber qué puede recuperarse. Cuáles son las alternativas, en dónde los protege la ley, los espacios son cortos e incómodos, por cierto.
Tal parece que hay más garantías para quien invade algunas viviendas que para quienes son propietarios pero cuyos documentos se quedaron dentro de la vivienda que quieren defender.
Hace ya varias semanas, la Universidad Iberoamericana y la asociación Habitat International Coalition formaron una clínica para acompañar jurídicamente casos de desalojo y varias peleas jurídicas que tienen que ver con el derecho a la vivienda.
Otros colectivos y organizaciones sociales han buscado distintas formas de organización por lo que la ayuda jurídica, para quienes tienen que resistir desalojos y despojos de sus viviendas busca hacerse cada vez más sólida, sólo en proporción a la frecuencia y virulencia con la que grupos formales e ilegales han actuado en este rubro.
Daniela Sánchez Carro, coordinadora de la clínica, asegura que en los últimos años, la vivienda ha entrado en un proceso en el que se ha convertido en un bien económico con el que se busca tener ganancias y al que solo las personas con muchos recursos pueden acceder. Esto está lejos de ser un derecho para todas las personas.
El fenómeno no es nuevo, ni exclusivo de Ciudad de México. Se repite lo mismo en países europeos que caribeños y en algunas ciudad de Estados Unidos.
Sin embargo, no parece ser un tema que ocupe las preocupaciones más agudas de las autoridades del Gobierno de la ciudad.
Si bien han encontrado propuestas y programas para proveer de vivienda a algunos sectores, las acciones oficiales para impedir desalojos por ciertos grupos o métodos legales para que empresas inmobiliarias no despojen a las familias son casi nulas. En el reciente informe de la jefa de Gobierno, este capítulo para garantizar vivienda a los ciudadanos no fue, por mucho, de los más extensos.
Y aquí la duda genuina, ¿cuántos intereses y grupos de poder están detrás del incremento en el costo de la vivienda? ¿Cuántos detrás de los desalojos por grupos de choque tienen a las personas con incertidumbre sobre su casa?
Deberíamos saber un plan concreto para identificarlos y abatirlos, porque no hay peor desamparo que no tener una casa.
@Micmoya