Miriam Castillo

Ernestina Godoy rindió protesta como fiscal General de la República. Por mucho, eso está lejos de ser una noticia. Si acaso, lo que hay es una confirmación de un proceso que inició desde la semana pasada con la salida (que no necesariamente la renuncia) de Alejandro Gertz.

La duda genuina de hoy llega pronto: ¿cuánto tiempo pasaremos pensando que será posible una fiscalía autónoma?, ¿es necesario que invirtamos esfuerzo en ello?

La pregunta viene a cuento porque creo que perdemos la posibilidad de fincar responsabilidades específicas al Estado para que nos dé resultados en materia de justicia. En su cancha ya deberían estar todos los elementos para mejorar lo que se requiere en materia de procuración de justicia.

Al menos ese es el argumento para proponer en un proceso rápido y sin una gala de contrapesos a quien hoy ocupa el cargo en la Fiscalía General.

En el Senado la votación fue apabullante: 97 votos a favor de Ernestina Godoy. Las compañeras de la terna que se propuso —Maribel Bojorges y Luz María Zarza— no recibieron un solo voto.

¿Necesitábamos ese proceso? O ¿pudimos tener una designación más directa, sin simulaciones, para poder adjudicar toda la responsabilidad, con sus virtudes y consecuencias, al Gobierno de la República?

No estoy demeritando las virtudes de tener una fiscalía que no obedezca las instrucciones de Gobierno, una que deseablemente se conduzca con independencia y aleje las tentaciones políticas que hay en los castigos de los delitos. Pero no sé si los esfuerzos deberíamos concentrarlos ahí por ahora, en una batalla perdida por una abrumadora mayoría.

¿Tenemos perdida esa posibilidad mientras no tengamos un congreso plural?

Estoy debatiéndome entre reclamar la simulación de la independencia y enfocarse más bien en la urgencia de que el papel de la fiscalía sea útil.

En varios de los diagnósticos tanto del mismo gobierno, como de organizaciones no gubernamentales, se remarca la necesidad de mejorar y reforzar las fiscalías, y las labores de investigación.

Hay un rezago importante en los casos y un buen mensaje de arranque sería concretar los expedientes que tienen que ver con actos de corrupción en las filas gubernamentales.

Si bien la reforma al sistema judicial prometió modificar buena parte de los huecos que había en la procuración de justicia, la verdad es que cumplir los objetivos de seguridad pasan por abatir la impunidad. Y esa tendría que ser la tarea principal de la fiscalía.

La parsimonia que se vio en la administración pasada de la fiscalía ya no debería estar presente entonces, ¿qué es lo siguiente que tendremos que exigir a la nueva titular?

Ya cedimos involuntariamente a la posibilidad de tener un titular autónomo en la fiscalía, pero al menos debemos tener claro que resolver los principales casos deberían ser exigencias en las que no estamos dispuestos a retirar.

Porque si todos los espacios los tienen cubiertos con sus jugadores, no debería haber pretexto para que los resultados no estén en sus manos.

 

      @Micmoya