El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) informó que el pasado 3 de noviembre, una magistrada adscrita a uno de los Tribunales Colegiados de Guerrero, presentó queja ante el TDJ por probables faltas administrativas atribuidas a sus dos compañeros magistrados, por lo que se ordenó en forma inmediata el inicio de la indagatoria correspondiente.
El Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas llegó a la conclusión preliminar de que la quejosa ha sido objeto de diversas conductas sistemáticas que buscan menoscabar, limitar e impedir el pleno ejercicio de su labor jurisdiccional. Por lo que mediante oficio fechado el 3 de diciembre último, el titular del órgano mencionado solicitó la imposición de una medida cautelar, a fin de salvaguardar los derechos e integridad de la juzgadora.
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Los hechos sobre los cuales versa la queja, dan cuenta de que los dos Magistrados que junto con la inconforme integran el Tribunal, ejercen una exclusión deliberada de las decisiones jurisdiccionales, ya que aparentemente sin argumentos jurídicos sólidos se limitan a ejercer su mayoría sin escuchar su postura como juzgadora. Además de realizar comentarios y actitudes despectivas por su condición de mujer y su autoadscripción indígena, vulnerando su dignidad personal y profesional y ejerciendo violencia política en razón de género.
Discriminación vulnera el artículo 2
Con base en la queja y los elementos aportados por el área investigadora, la Comisión de Disciplina consideró en forma preventiva que la discriminación hacia la promovente por su autoadscripción indígena, presuntamente materializada mediante expresiones y tratos diferenciados que desvalorizan el origen, identidad cultural y perspectiva jurídica con enfoque de grupos originarios, vulnera el artículo 2 de la Constitución mexicana y los principios del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En tanto que la obstrucción de su labor jurisdiccional contravendría los numerales 131, 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen la obligación de los servidores públicos de respetar la independencia, dignidad y autonomía funcional de las personas Magistradas.
Por la naturaleza de los hechos y el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la Juzgadora, así como la asimetría de poder respecto a sus compañeros y con el propósito de salvaguardar su desarrollo profesional, su integridad física y emocional, en sesión extraordinaria la Comisión de Disciplina determinó cambiar de adscripción a la Magistrada denunciante, ubicándola en la sede de su domicilio. Lo anterior, hasta en tanto se emita resolución definitiva en el procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado en contra de los Magistrados presuntamente agresores.
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Rufino H León Tovar, Magistrado Presidente de la Comisión de Disciplina, reiteró que el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación no permitirá prácticas discriminatorias o actos que laceren la dignidad de las y los juzgadores y atacará con determinación acciones que vulneren la dignidad de las mujeres.