Miriam Castillo

Una empresa de limpieza ligada a un líder sindical de origen priista, Marco Reyes, fue señalada en 2017 por la organización Mexicanos contra la Corrupción, de participar en un esquema de favoritismo para otorgarle contratos millonarios en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Para 2020, el conglomerado de empresas había recibido unos 557 millones de pesos en contratos, esta vez con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Ese mismo año, la Cámara de Diputados tenía una denuncia activa en la Comisión Anticorrupción de la Cámara porque las empresas Ocram Seyer y Mer Solutions S.A. de C.V. estaban acusadas de simular contratos.

En la última revisión de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación, esta misma empresa Ocram Seyer tiene recomendaciones por 1.8 millones de pesos derivado de contratos por un total de 48 millones de pesos con los Servicios del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

En esa misma revisión del ejercicio del presupuesto de Senasica hay observaciones por servicios que no se prestaron por Infotec, un centro de investigación e innovación tecnológica de gobierno que también había sido observado ya por contratos donde no entregaba todos los servicios.

¿Cuántas veces tenemos que denunciar irregularidades con las mismas fallas y a veces con los mismos actores?

No digo que cuando son mencionados forzosamente tienen que ser culpables, pero también la falta de claridad es un problema ya sea de reputación o de falta de castigo.

Hace poco, hablábamos en este espacio sobre la necesidad de moderar las expectativas en cuanto al combate a la corrupción. Pero, ¿hasta dónde deberíamos esperar resultados entonces?

¿Nos sirve de algo que haya señalamientos sobre irregularidades? Hoy la duda genuina es si verdaderamente hemos logrado tener un sistema que prevenga que el dinero público termine en cualquier lado menos en donde la población lo necesita.

En los últimos años, un indicador que la población busca, o debería buscar, es qué tan eficiente puede llegar a ser un gobierno en combatir la corrupción.

Va más allá de la indignación pública sobre que quienes nos gobiernan vivan con lujos o no. Tiene que ver con que los recursos hagan que el engrane camine e impulse a otro y ese a su vez a otro más. El resultado final puede ser un país más próspero en el ideal abstracto o medicinas en los hospitales, calles transitables, transporte público en concreto.

Yo sé que el tema es recurrente en este espacio y me disculparía si no estuviera convencida que el castigo a ese delito marca en buena medida la eficiencia de un Estado.

Y es que yo esperaría que después de nueve años de investigaciones a las empresas relacionadas con Marco Reyes supiéramos ya si las denuncias por inconsistencias tienen algo que castigar. Para que en la revisión de la cuenta pública del año siguiente no vayamos a encontrarlo de nuevo.

 

    @Micmoya