Miriam Castillo

Los gobiernos municipales son el vínculo más cercano entre los órdenes de gobierno y la población. El primer termómetro de lo que pasa en cierto territorio. Pero, dadas las circunstancias de violencia en México, ¿qué tanto podemos exigirle a un municipio para garantizar seguridad? ¿Deberíamos tomarlos como un eslabón vulnerable o como el primer termómetro que debería funcionar?

El domingo pasado, un operativo de las fuerzas de seguridad mexicanas logró la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. El operativo tomó por sorpresa a El Mencho y también a buena parte del país, que después tuvo bloqueos carreteros, incendios y ataques a sucursales del Banco del Bienestar y tiendas pequeñas.

Según lo que relataron primero la Secretaría de la Defensa Nacional y después la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, fue un operativo que se planeó por varios meses, se siguieron a algunas de las personas de más confianza de Nemesio Oseguera y aprovecharon una ventana pequeñita.

Según lo que relató la Secretaría de la Defensa, la refriega fue muy violenta, con muchas bajas de ambos bandos y con un despliegue de armamento que retó a un helicóptero del ejército.

Todo este operativo, el enfrentamiento y la violencia que se desplegó después, también tomó por sorpresa al presidente municipal de Tapalpa, un municipio de menos de 30 mil habitantes. En más de una entrevista Antonio Morales dijo que no sabía que el líder de la organización criminal se alojaba ahí.

Según relató se enteró de la presencia y del operativo por las naves que estuvieron sobrevolando la zona desde la mañana. Se enteró horas después a través de la comunicación de las autoridades de seguridad.

Hasta ahora no ha habido acusaciones ni de complicidad, ni de protección por parte del alcalde donde se encuentran complejos turísticos señalados por la OFAC, un organismo de Estados Unidos, como posibles sitios de lavado de dinero del cártel.

Esto hizo preguntarme, ¿en dónde dejamos la gestión de los gobiernos municipales?

Si hacemos una lista de los ingresos que se presumen estaban relacionados con el cártel, eran bastante más diversificados que un municipio.

Las autoridades han dicho que el cártel llevaba a cabo extorsiones, actividades de huachicol, secuestros e incluso fraudes con empresas de tiempo compartido. Además de actividades de lavado de dinero, como las que se llevaban a cabo en estas cabañas.

Después de ver la fuerza económica y de fuego del cártel, podemos pensar que no es un caso aislado. Las organizaciones del crimen organizado tienen bastante más fuerza que las autoridades locales. ¿Algún presidente municipal estaría en condiciones de hacer frente solo a una organización así?

Entonces, ¿hacia dónde debemos repensar fortalecer a los municipios? La credibilidad de las instituciones inicia en el eslabón más bajo y si éste está a merced de los generadores de violencia, difícilmente habrá manera de erradicarla de raíz.

Dentro de las muchas preguntas que tendremos que responder, me parece que esta debería tener una urgencia particular.

 

    @Micmoya