La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno logró la vinculación a proceso de dos servidores públicos por el delito de enriquecimiento ilícito, luego de investigaciones administrativas relacionadas con la evolución y verificación de su patrimonio.
En el primer caso, la dependencia detectó un incremento injustificable por 7 millones 268 mil 750 pesos en el patrimonio de Ramón “N”, exsubdirector adscrito al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, durante el periodo del 1 de enero de 2012 al 30 de abril de 2017.
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Por estos hechos, se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR). Y en el marco de la investigación inicial, un juez de Control con sede en Ensenada resolvió vincularlo a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito.
En otro caso, derivado de una investigación patrimonial a un exservidor público adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se determinó un incremento injustificable por 6 millones 500 mil 496 pesos, correspondiente al periodo del 1 de enero de 2010 al 15 de mayo de 2017.
Tras la denuncia presentada ante la FGR, un juez de Control con sede en la Ciudad de México vinculó a proceso a Armando “N”, jefe de departamento en el IMSS, también por enriquecimiento ilícito. Como medida cautelar, se le impuso la presentación periódica ante la unidad responsable.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aclaró que las personas vinculadas mantienen su presunción de inocencia conforme a la legislación aplicable, y que el proceso se conducirá con estricto apego a la ley.
Inhabilitación y multa contra servidoras públicas de la Infotec
En otras acciones, la Unidad de Combate a la Impunidad acreditó faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec).
Como resultado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso inhabilitación por 10 años y sanción económica de 10 millones 909 mil 784 pesos a Hilda M., directora adjunta de Administración, así como inhabilitación por 20 años y una multa por el mismo monto a Carlos R., gerente de Consultoría de Negocio.
De acuerdo con la dependencia, ambos abusaron de sus funciones y realizaron actos para la asignación de recursos financieros.
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La Secretaría señaló que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar. Sin embargo, advirtió que, si lo hacen, defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron investigados los casos.
También llamó a denunciar actos de corrupción en el sector público a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, en el portal denuncias.gob.mx, y reiteró que continuará actuando para fortalecer una cultura de honestidad y cero impunidad en el servicio público.