En los últimos meses hemos visto en intentos diseminados, no necesariamente claros, una intención del gobierno de calificar, clasificar y controlar lo que se dice en público. Y quizá deberíamos sentirnos más incómodos con ello.
Las decisiones no son acciones unificadas ni tajantes, hasta parecieran ser proyectos de prueba. La ley de las audiencias, el ejercicio que hacen las autoridades con los grupos musicales y su repertorio. La reciente decisión del INE de clasificar los comentarios sarcásticos o irónicos.
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Si bien no todas estas decisiones están relacionadas ni atentan abiertamente contra la libertad de expresión, me parece que van recorriendo los límites de lo que le permitimos a los gobiernos y a las autoridades. Esos retrocesos paulatinos, si los comparamos con las legislaciones en otros países latinoamericanos (como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela y Perú), han escalado en instrumentos de control.
Empecemos por poner un ejemplo, hace poco el grupo musical Los Alegres del Barranco, dio explicaciones en el escenario después de una rechifla larga porque no iban a cantar algunas de sus canciones más populares por ser un corrido a favor de presuntos narcotraficantes.
Uno de sus integrantes tomó la lista de canciones que se habían preparado para el concierto y señalando con su mano unas líneas negras que resaltaban y dijo: “Ustedes pueden ver unos borrones aquí. Llegó la gente de gobierno y nos dijo: ‘No pueden cantar esta, no pueden cantar esta y no pueden cantar esta’”.
El cantante no fue específico respecto a qué autoridades de gobierno fueron quienes prohibieron que se interpretara la lista de canciones completa y probablemente no sea nada ilegal, después de todo al menos 10 de los 32 estados han prohibido la apología del delito en los espacios públicos y con ello, la posibilidad de que escenas como la de Los Alegres del Barranco se repitan.
No estoy segura que ceder en nuestro derecho de libre expresión esté completamente ligado a reducir los índices de violencia. Por lo pronto ya tenemos un escenario donde alguien dijo: “Vino el gobierno y nos dijo esto no se puede”. Y a mi eso me preocupa.
Sobre todo porque tengo aquí la duda genuina de sí eso hasta ahora ha reducido en alguna medida los índices de violencia en esos 10 estados.
En el caso del INE, tanto los expertos como los mismos funcionarios han sido muy enfáticos para remarcar que la clasificación de dichos comentarios no viene con un castigo. Sin embargo, me parece que basta con la clasificación para saber que habrá un monitoreo del tono de los comentarios.
A rajatabla no podemos dar por sentado que cualquier comentario es válido. Casos de discriminación, racismo, discurso de odio y violencia de género hay muchísimos y ninguno debería dejarse pasar en aras de la libertad de expresión. Pero me queda la duda de si saber cuántas veces hemos sido irónicos nos resuelve la dinámica compleja de la política del país. Si es así, comencemos a contar.
@Micmoya