Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva financiera contra el Cártel de Sinaloa al sancionar a 21 personas y 25 empresas vinculadas, según el Departamento del Tesoro, con la estructura de Los Mayos, mientras que en México la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó incorporar a los mismos 46 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas.
La acción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) tiene como principal objetivo a Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, así como a integrantes de su círculo cercano, jefes de plaza, operadores financieros, empresas y personas a las que Washington señala de brindar protección política al grupo criminal.
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Para el Departamento del Tesoro, “Mayito Flaco” asumió el liderazgo de Los Mayos después de la captura de su padre, ocurrida en julio de 2024, hecho que detonó una disputa con Los Chapitos por territorios, rutas y alianzas dentro del Cártel de Sinaloa.
Zambada Sicairos, quien también tiene nacionalidad estadounidense, fue acusado desde 2014 en una corte federal de California por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero; la OFAC sostiene que actualmente dirige las actividades de Los Mayos y lo responsabiliza de operaciones de tráfico de drogas, extorsión, corrupción, secuestros y hechos violentos.
Dentro de su primer círculo, Estados Unidos incluyó a Hildegardo Gastélum García, “Aldo”; los hermanos Jorge Luis y Francisco Javier Mendoza Uriarte, y Lorenzo Castillo Maldonado, quienes son señalados como asesores, operadores y responsables de tareas de seguridad para la facción.
Las sanciones
Las sanciones también abarcan la estructura territorial de Los Mayos en Tijuana y Mexicali, zonas consideradas estratégicas para el traslado de drogas hacia Estados Unidos.
En Tijuana, el Tesoro volvió a apuntar contra los hermanos Alfonso Arzate García, “Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”, identificados por Washington como jefes de plaza que durante años habrían mantenido su influencia mediante alianzas criminales, violencia y corrupción policial y política.
La red incluye además a Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, “El Cabezón”; y Franklin Ernesto Huezo Hernández, “El Ranchero”, señalados por participar en operaciones relacionadas con el tráfico de narcóticos, incluido fentanilo.
Otro de los blancos es Ilia Elizabeth Félix Rivera, a quien la OFAC identifica como operadora financiera y relacionada con Galerías Centro Cambiario, “Magic Casa de Cambio”.
Según el gobierno estadounidense, esa empresa se utilizó para mover ganancias provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos y regresar los recursos a México mediante distintas operaciones financieras.
La investigación alcanzó además una red de compañías de seguridad, bienes raíces, entretenimiento, videovigilancia y otros sectores que, de acuerdo con la OFAC, habrían servido para facilitar operaciones financieras del Cártel de Sinaloa.
Entre ellas aparecen Baja Fixer Group, Private Equity Baja, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Wermak Publired, Xolo Gas de Baja California y Grupo Baja Firme, entre otras.
Señalan red de protección en Mexicali
Dentro de la operación, el Departamento del Tesoro también señaló una presunta red de corrupción destinada a proteger las operaciones de Los Rusos, una célula de Los Mayos encabezada por Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, con presencia en Mexicali.
En ese apartado se sancionó a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien la autoridad estadounidense identifica como un operador político vinculado con “El Ruso”.
La OFAC sostuvo que Torres habría utilizado su influencia política para facilitar actividades del Cártel de Sinaloa y protegerlas de intervenciones gubernamentales y policiales; también recordó que Estados Unidos le retiró la visa en mayo de 2025, medida que ahora atribuyó a sus presuntas relaciones y actividades en favor de la organización criminal.
También se incluyeron su hermano Luis Alfonso Torres Torres y Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.
De acuerdo con el Tesoro estadounidense, Mendívil habría recibido sobornos de “El Ruso” para facilitar las operaciones del grupo mediante la Policía Municipal, mientras que Carlos Torres presuntamente recibió pagos periódicos para permitir que la organización operara con relativa impunidad.
Luis Torres, a su vez, habría recibido recursos y participado en su lavado mediante empresas y campañas políticas.
UIF replica medida en México
Tras la designación estadounidense, la UIF de la Secretaría de Hacienda informó este martes que analizó la información financiera disponible en México de las 21 personas y 25 empresas incluidas por la OFAC.
La dependencia señaló que detectó entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades previamente reportadas por instituciones financieras, por lo que determinó incorporar a los 46 designados a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) como una medida preventiva para proteger al sistema financiero mexicano.
Hacienda enfatizó que esa decisión es de carácter administrativo y no significa que exista una determinación definitiva ni que se haya acreditado responsabilidad de las personas incluidas. Los afectados mantienen, además, su derecho de audiencia y la posibilidad de recurrir la medida por las vías administrativas y judiciales correspondientes.
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