El Gobierno de México presentó un decreto que obligará a las plataformas digitales a restringir el acceso de niñas, niños y adolescentes a contenidos relacionados con violencia, discursos de odio, suicidio, acoso escolar y material sexual explícito, entre otros.
Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, se presentó el Decreto para garantizar entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, que establece una serie de prohibiciones y obligaciones para las empresas que operan estas plataformas.
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La mandataria explicó que la medida responde al reciente episodio de violencia registrado en Coahuila y busca evitar que las redes sociales se conviertan en espacios de promoción de conductas violentas, particularmente en las escuelas.
"Las plataformas tendrán que desarrollar todos los mecanismos para que niñas, niños y adolescentes no puedan tener acceso a estos contenidos", señaló Sheinbaum.
¿Qué contenidos estarán prohibidos para menores en plataformas digitales?
De acuerdo con lo presentado por el Gobierno federal, las plataformas digitales tendrán prohibido permitir el acceso, exposición o recomendación de imágenes, videos y otros contenidos que promuevan:
- Discursos de odio y extremismo violento.
- Abuso, explotación o violencia sexual.
- Suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos alimenticios.
- Violencia en el entorno escolar.
- Acoso, ciberacoso y ciberbullying.
- Conductas ilícitas.
- Material sexual explícito.
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Las restricciones estarán dirigidas a las cuentas de niñas, niños y adolescentes, por lo que las empresas deberán desarrollar mecanismos que impidan su exposición a estos contenidos.
¿Qué obligaciones tendrán las plataformas digitales?
Durante la presentación, Luisa María Alcalde, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, explicó que el decreto contempla medidas que deberán implementar las plataformas para garantizar la protección de los menores desde el diseño de sus servicios.
Entre las principales obligaciones se encuentran:
- Clasificación por edad: diferenciar los contenidos según las edades de las personas usuarias.
- Retiro de contenidos violentos: identificar y eliminar de inmediato cuentas o publicaciones que promuevan o generen cualquier forma de violencia.
- Supervisión parental: proporcionar herramientas de fácil acceso para madres, padres y personas tutoras.
- Mecanismos de denuncia: permitir que las personas usuarias reporten cuentas o contenidos violentos.
- Protección predeterminada: mantener activadas desde el inicio las configuraciones de privacidad y seguridad para menores de edad.
Además, las plataformas deberán contar con un punto de contacto disponible las 24 horas, todos los días del año, para atender requerimientos de las autoridades investigadoras.
También estarán obligadas a preservar y entregar información o evidencia relacionada con investigaciones, así como alertar inmediatamente a las autoridades cuando identifiquen contenidos que atenten contra la vida.
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El decreto contempla acciones de prevención y atención psicológica, así como la difusión de información sobre salud mental y uso consciente de las redes sociales, en coordinación con las secretarías de Educación Pública y Salud.
¿Cuándo se publicará el decreto en el DOF?
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el decreto podría publicarse el martes 13 o miércoles 14 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Antes de su publicación, la Consejería Jurídica y la Agencia de Transformación Digital continuarán revisando el documento para garantizar que sus disposiciones se encuentren dentro de las atribuciones del Ejecutivo federal.
La mandataria también adelantó que se buscará establecer comunicación con las plataformas digitales para abordar las medidas contempladas.
Por otra parte, el decreto instruye a la Consejería Jurídica a instalar mesas de trabajo para elaborar propuestas regulatorias adicionales que permitan fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.
Sheinbaum explicó que estos trabajos permitirán determinar si será necesario impulsar modificaciones a la legislación vigente o elaborar una ley específica sobre la materia.