La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la extensión del periodo de consulta sobre la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, luego de que representantes de las comunidades solicitaran más tiempo para analizar el proyecto antes de que sea remitido al Poder Legislativo.
La determinación ocurrió en el marco del Día de la Resistencia Indígena, durante una mesa de diálogo en la que Yaneth Cruz Gómez, representante tojolabal de Las Margaritas, Chiapas, entregó una propuesta comunitaria y pidió formalmente prolongar los plazos destinados a la revisión de los documentos.
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Pese a que la administración federal tenía programado enviar el proyecto al Congreso de la Unión este 12 de octubre, la mandataria decidió frenar el trámite legislativo hasta alcanzar el consenso con las comunidades. Sheinbaum fundamentó la decisión en el artículo segundo constitucional al señalar que las leyes secundarias en la materia deben emanar directamente de los pueblos.
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Ante delegados de 69 pueblos originarios y de la comunidad afromexicana, la titular del Ejecutivo afirmó que corresponde a ellos tener "la palabra y la decisión" sobre el contenido final de la norma, bajo un principio de igualdad jurídica.
Asimismo, expuso que las reformas constitucionales reconocieron a estas poblaciones como sujetos de derecho, estatus que les permite recibir y administrar directamente recursos públicos para la ejecución de obras de infraestructura.
Una consulta para recibir opiniones de comunidades
El pasado 29 de junio, inició la consulta nacional con los pueblos originarios con el fin de enriquecer la propuesta cuya presentación estaba prevista para este 12 de octubre ante el Congreso de la Unión.
La consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde informó que la consulta permitiría recibir opiniones sobre la propuesta de iniciativa y contaría con la participación de 69 pueblos indígenas, 1 pueblo afromexicano y 16 mil 728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
La consulta sobre ley de pueblos indígenas está encabezada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de Presidencia y en ella participan 21 dependencias y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como observadora.