La próxima negociación salarial de la SEP con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) estará sujeta a los objetivos de las leyes generales del Servicio Profesional Docente y de Educación.

 

La iniciativa de reforma hacendaria presentada por el Ejecutivo federal establece, de manera precisa, que esta negociación “deberá ser consistente con los objetivos de la reforma educativa aprobada este año, y en las leyes educativas correspondientes”.

 

Hasta este año, la negociación salarial de los 1.3 millones de docentes del país se realizó conforme al pliego petitorio presentado por la dirigencia sindical. Derivado de lo anterior el magisterio obtuvo un aumento de 5.9% (directo al salario más prestaciones), además de 500 millones de pesos para el fortalecimiento del Programa de Carrera Magisterial y 200 millones de pesos para el Proyecto de Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información.

 

Pero una vez concluida esta negociación, los secretarios generales del SNTE y su ala disidentes representada por la CNTE presentaban un segundo pliego petitorio a los gobernadores de cada entidad para obtener beneficios adicionales.

 

Ante esta situación, la reforma hacendaria establece la eliminación de esta segunda negociación con los gobiernos estatales y dejar que la SEP, como figura obligada del financiamiento de la educación, defina el sueldo de los maestros.

 

No obstante, reitera el documento, los acuerdos firmados deben ser congruentes con los objetivos de la Ley del Servicio Profesional Docente. Uno de los objetivos centrales de ley es que la evaluación sea la herramienta tanto para mejorar la práctica profesional como para asegurar que los docentes tengan los conocimientos y capacidades necesarias para su labor.

 

Así mismo, señala que los docentes que aprueben dichas evaluaciones recibirán estímulos económicos o podrán ser promovidos. En caso de no aprobarlas deberán separarse de su puesto como maestro, o dejar el servicio si deciden no aplicar los exámenes.

 

Con la nueva legislación será la SEP la instancia responsable de pagar la nómina de los docentes en todo el país a través del nuevo Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

 

Éste sustituirá al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) -creado en 1992 con la descentralización de la educación-, que ha presentado huecos en sus finanzas, según lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación.