El conflicto entre la Fundación Antonio Haghenbeck y el Refugio Franciscano A.C. escaló luego de que ambas partes difundieran posicionamientos públicos respecto a la operación del albergue animal ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.
La Fundación Antonio Haghenbeck solicitó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, instruir a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) para dejar sin efectos la reserva impuesta al expediente relacionado con el denominado “Refugio Franciscano”, en el que —aseguran— existen dictámenes, inspecciones y actuaciones oficiales que documentan presuntos casos de maltrato animal, afectaciones ambientales y riesgos sanitarios.
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Según lo descrito por la fundación, desde diciembre de 2025 las autoridades judiciales, ambientales y médicos veterinarios habrían detectado condiciones de hacinamiento, insalubridad y enfermedades infectocontagiosas entre perros y gatos rescatados, así como posibles delitos ambientales por manejo inadecuado de residuos y descargas contaminantes en la Barranca Echánove.
El abogado de la Fundación, Fernando García Juárez, sostuvo que transparentar el expediente permitiría frenar las “campañas de desinformación” y garantizar el derecho ciudadano a conocer las conclusiones de las inspecciones realizadas por la PAOT.
“En una ciudad que se presume como animalista, resulta indispensable que la jefa de Gobierno actúe con congruencia institucional e instruya a la PAOT a emitir un nuevo acuerdo que permita transparentar su actuación”, declaró el litigante.
La Fundación también advirtió que la PAOT tiene hasta el próximo 3 de junio para reconsiderar la reserva de información; de lo contrario, será el Poder Judicial Federal quien determine si procede abrir el expediente, como parte del juicio de amparo promovido por la organización.
Por su parte, el Refugio Franciscano A.C. difundió el comunicado, en el que informó haber presentado una queja formal ante el Tribunal de Disciplina Judicial contra dos magistrados a quienes acusa de haber favorecido indebidamente a la Fundación Haghenbeck.
En el documento, la asociación afirmó que los juzgadores “violaron la ley y la jurisprudencia” para beneficiar a la Fundación y perjudicar al refugio, dedicado —según señaló— al rescate y protección animal.
La organización aseguró que dará seguimiento al procedimiento disciplinario y sostuvo que el caso refleja presuntas irregularidades dentro de los tribunales cuando interviene la Fundación Haghenbeck.
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Asimismo, el Refugio Franciscano cuestionó públicamente el destino de recursos económicos presuntamente entregados por la Fundación a su representación legal y exigió respuestas sobre una facturación que, según el comunicado, ascendería a más de 32 millones de pesos.
La confrontación entre ambas partes ocurre mientras continúa el litigio por la posesión y operación del inmueble, así como las investigaciones relacionadas con las condiciones en las que fueron encontrados cientos de animales dentro del refugio.