En México, cada tanto, tenemos un escándalo relacionado con alguna cirugía estética fallida. A pesar de que los casos son sonoros y preocupantes, lo que las autoridades hacen para prevenirlos se ve como un esfuerzo pequeño.
Hace años, en 2009, la alarma se encendió después de que la cantante Alejandra Guzmán fuera tratada en un clínica no regulada en la que le inyectaron una sustancia tóxica en los glúteos.
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Las recomendaciones entonces de las autoridades fue no acudir a clínicas que no contaran con permisos sanitarios, locales establecidos y personal con credenciales profesionales.
En 2022 en Chiapas, una operación para una mujer trans, también resultó en un operativo para revisar las clínicas que operaban solo para encontrar que múltiples de estas no contaban con licencias, con permisos de funcionamiento o materiales en regla.
En ese caso el argumento de los funcionarios fue que tenían poco personal para mantener un monitoreo constante.
El año pasado, la Cofepris advirtió de maestrías falsas ofrecidas por un Instituto de Estudios Superiores de medicina en Veracruz y otra universidad.
El más reciente fue el de la niña Paloma Nicole, de 14 años, que murió después de que le practicaran una cirugía para aumentarle el busto.
La recopilación de escándalos, tragedias y fraudes no disminuye con los años. Más bien al contrario, pese a las advertencias que hacen las autoridades, la comunidad médica y el sentido común, los casos en los que las personas acuden a clínicas irregulares o con materiales de dudosa procedencia aumenta sin que parezca haber una reacción proporcional de las autoridades.
Es entonces que los usuarios con lo que se encuentran es con una gama de servicios que tienen que revisar con lupa, pero con poca intervención preventiva de las autoridades.
En algunos casos la narrativa de la tragedia tiene más que ver con la irresponsabilidad de la víctima por ir a ciertos lugares a realizarse el proceso, que con la falta de acciones preventivas de la autoridad.
Entonces les toca a los pacientes o a los clientes revisar con lupa los permisos, los materiales, los permisos y confiar en que el resultado podría salir bien.
El problema es que con los temas médicos es difícil que no haya una serie de factores que intervienen. Incluso los dispositivos médicos con revisión de la las agencias de salud tienen un grado de riesgo, por lo que hacer esos procesos suena más bien a una apuesta donde las fichas no necesariamente están en muchos números para ganar.
Y aquí viene la duda genuina. Sería ingenuo pensar que no hay un mercado —alimentado de manera justa o no—bastante prolífico para este tipo de procedimientos. Algunas cifras indican que las cirugías han crecido un 12 por ciento en los últimos años. ¿Por qué la capacidad de revisión y regulación de las autoridades no ha crecido en la misma proporción?
No deberíamos esperar a otra tragedia para convencernos de que tenemos que regular y supervisar con más rigor.