Miriam Castillo

Tenemos equivocada nuestra furia. Un grupo de manifestantes protestó por la presencia de personas extranjeras cuando se hablaba del tema de la gentrificación, y mientras tanto, las construcciones reguladas y no, siguen en las alcaldías. La falta de política pública sigue sin garantizar la vivienda popular y las compañías de renta de corto plazo siguen operando sin un control real.

El viernes pasado, un grupo de personas marcharon para protestar en contra de la gentrificación. La protesta terminó conformada por una mezcla de inconformidades y fue el reflejo real de un fenómeno complejo y con muchas aristas.

Estuvieron en la protesta aquellos que han sido expulsados de sus viviendas de manera forzada, ya sea por un incremento estratosférico en los precios de la renta como otros de manera más violenta. Con grupos de golpeadores que de un día a otro tumbaron puertas, amenazaron a familias y se quedaron con las casas de otros.

También estuvieron presentes quienes deliberadamente protestaron contra la presencia de personas extranjeras, con el establecimiento de negocios de otros países y también estuvieron presentes aquellos quienes no ven la posibilidad de en unos años hacerse de una vivienda.

Y estos fenómenos, junto con el crecimiento exponencial de los departamentos con rentas a corto plazo son una muestra pequeña de todo lo que interviene para cocinar un problema.

La gentrificación no solo es el encarecimiento de la vivienda gracias a que llegan personas de otros países, es un fenómeno mucho más profundo y que según los expertos que lo estudian, obedece a muchos factores donde interviene la iniciativa privada, la sociedad, el gobierno federal y estatal.

Y lo importante es no distraerse y continuar en la línea de exigir una política pública de los gobiernos para solucionar el problema. Buscar que se regulen las construcciones, las rentas de corto plazo. Porque confiar que las inmobiliarias dejen de especular con el mercado es una jugada con la que se va a perder.

La gentrificación también está más allá de la dinámica del corredor Roma, Condesa. Es un fenómeno nacional. Según los datos compartidos por Máximo Jaramillo, experto en desigualdad social, en cualquier estado del país, si una persona destina la tercera parte de su salario a pagar una vivienda con un precio promedio, puede tardar entre 30 años y hasta 71 años en terminar de pagarla.

Y ese es el fondo del problema. Lo inalcanzable que termina siendo una vivienda y lo lejano que es para la mayoría de las personas.Por eso creo que reducir la queja y la inconformidad a la presencia de otras nacionalidades en la ciudad nos distrae de lo que es importante. Y aquí la duda genuina: ¿a quién vamos a reclamar las casas?

Carla Escoffié, académica y autora del libro “País sin techo”, destacó una idea: recargar toda la responsabilidad en una dinámica de migración y extranjeros solo nos va a dejar en una discusión binaria y nos dejará fuera la posibilidad de solucionar el tema.

 

     @Micmoya

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5 Comentarios

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