El Estado mexicano difícilmente busca erradicar el robo o evitar la corrupción que tenga que ver con los recursos públicos. Lo digo porque sólo con poner atención a las observaciones hechas por la auditoría, las autoridades ya deberían contar con elementos suficientes para que el desvío del dinero del presupuesto no afecte tanto las arcas públicas y para que al menos requiera un poco de innovación y más empeño por parte de quienes desfalcan el presupuesto.
Hasta ahora, no ha llevado a cabo alguna acción que contenga o erradique los métodos con los que se han desviado millones de pesos del erario. Tenemos al menos un sexenio con la promesa de que la corrupción se erradicaría y los procesos judiciales son lentos y deficientes, pero las acciones preventivas están cada día más lejos de ser realmente efectivas.
El pasado jueves 20 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación presentó el informe general de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023. Más allá de los datos duros, que ya de por sí son preocupantes —la Auditoría marca 51 mil millones de pesos sin una comprobación— lo que llama la atención es que las fallas y las observaciones de cómo se malgasta el dinero son prácticamente las mismas que en 2015.
Son casi diez años con revisiones en los que se llega a la conclusión de que los recursos se desvían con una precisión envidiable con empresas recién conformadas, coludidas o con variantes leves que deberían haberse erradicado o disminuido a fuerza de experiencia.
Como ejemplo podemos tomar el caso de Morelos. En la revisión de la cuenta de 2023 la auditoría realizó una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal para auditar al menos a tres proveedores.
Uno de ellos, Comercializadora Bethaon, una empresa que se conformó en mayo de 2023 con dos accionistas y un capital de 100 mil pesos. Para diciembre de ese mismo año, sólo siete meses después, esa empresa ya contaba con 46 pagos por un total de 21 millones de pesos.
Si bien no es un delito contratar empresas recién creadas, el meteórico éxito de estas siempre levanta más de una ceja, más si la ASF pide que se revisen los comportamientos fiscales de las empresas.
Además, el órgano de vigilancia de la empresa lo encabeza Elizabeth Díaz Galindo, quien también es la representante legal de otra empresa que está en el padrón de proveedores de Morelos y uno de sus accionistas participa en un racimo más de empresas que compiten frecuentemente en licitaciones públicas.
Las observaciones hechas en esta cuenta pública se parecen a las que se han hecho en repetidas ocasiones en otras revisiones de cómo se gasta el presupuesto y los ejemplos pueden repetirse en las revisiones que se hicieron a cómo gasta la Universidad Autónoma del Carmen, en Campeche o el gasto en Segalmex.
Y aquí la duda genuina, ¿es tan complejo ubicar patrones repetidos y detenerlos antes de que se concreten? porque si la respuesta es sí, estamos destinados a tener boquetes en el presupuesto de por vida.
@Micmoya
