La respuesta corta: No. Desde hace algunos años —entre 2006 y 2009 aproximadamente—políticos, académicos y organizaciones civiles han advertido, estudiado y señalado la intervención del crimen organizado en las elecciones tanto federales como locales.
Casi 20 años después, la pregunta no es si influye o no tanto en la selección de candidatos como en la elección de quienes nos gobiernan, sino ¿cuánto hemos construido para contrarrestar ese efecto?
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¿Hemos aprendido a tener prácticas que prevengan la intervención del crimen o solo reaccionamos a lo que se destapa de vez en cuando?
Según los registros de algunos estudios académicos, la violencia se ha convertido en un factor que influye tanto en la selección de candidatos como en su permanencia en la contienda.
Por poner un ejemplo gráfico, pero no por ello el único. En Sinaloa, una de las acusaciones más potentes que hizo Estados Unidos en contra del gobernador con licencia, Rubén Rocha fue la de permitir la intervención del crimen organizado en las elecciones donde resultó con una votación del 56.60 por ciento de los votos.
Según la acusación hecha en Estados Unidos, Rocha llegó al gobierno en junio de 2021 con el apoyo del grupo de Los Chapitos. La intervención del grupo fue “el robo de boletas electorales, el secuestro o la amenaza de candidatos de oposición”.
El problema es que la noticia sobre la intervención del crimen organizado en las elecciones de Sinaloa no es nueva. Incluso, uno de los diagnósticos fue elaborado por el mismo Gobierno federal, según se dio a conocer en una conferencia Mañanera el 4 de marzo de 2021.
En voz de Rosa Icela Rodríguez, el Gobierno federal dijo que “se hizo necesario prever los riesgos rumbo a la próxima elección” y enumeró los riesgos potenciales: asesinato, secuestro, extorsión de candidatos y servidores públicos.
Y aquí vienen los focos rojos: en la elección pasada, ninguno de los escenarios que sucedieron después de la elección fueron una sorpresa. Las denuncias que hicieron diversos operadores políticos solo confirmaron un escenario. Pero se encontró poca previsión por parte del gobierno (por deficiencias en su operación o negligencia) a pesar de tener muy claros los puntos débiles.
Volviendo al presente, creo que todos tenemos claro esta vez cuáles son los riesgos en las elecciones que vienen. Las elecciones en Coahuila tendrían que ser un ejemplo de cómo todos los partidos tienen un blindaje para la influencia del crimen organizado en su ejercicio.
Menciono la de Coahuila por ser la más inmediata, pero en realidad las elecciones de 2027, donde se votan más de mil 500 cargos públicos son un reto que nadie debería dejar desatendido.
La duda genuina es: ¿realmente hay una disposición del sistema político de blindar los procesos a la intervención del crimen organizado? ¿Los políticos están en condiciones de sacudirse los recursos o los compromisos adquiridos?
Ojalá alcancemos a ver acciones que nos digan que sí, porque no podemos echarle la culpa al factor sorpresa.
@Micmoya