El tema de la corrupción y los gobiernos en México no es nuevo. Fue uno de los reclamos más sentidos en contra del régimen priista antes de que resultara electo Vicente Fox.
Fue un señalamiento que perdura aún en el caso de Genaro García Luna en la gestión de Felipe Calderón y después, fue uno de los principales factores que incidió en la inconformidad con el PRI en el sexenio de Peña Nieto. Fue una de las promesas de campaña mejor recibidas durante el proselitismo de López Obrador.
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En las campañas presidenciales —y de otros cargos públicos— de los últimos dos periodos electorales el combate y castigo a ese delito ha sido una de las promesas principales en las plataformas políticas.
Así como la inseguridad, es un problema tangible que las personas de a pie perciben rápido cuando no se castiga. Aún así, es un problema que estamos lejos de erradicar. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se destaparon malversaciones de fondos igual de escandalosas que en los sexenios previos en el caso de Segalmex.
La acción de las autoridades fue tardía y tímida. Hasta ahora no hemos tenido como país ningún resarcimiento del daño al erario ni por ese ni por otros casos en los que parecía haber más materia jurídica.
En el caso de los exgobernadores Javier y César Duarte, los castigos no han llegado. En el de la Estafa Maestra y el desvío de recursos de varias dependencias a través de mecanismos de terciarización tampoco ha habido un cambio en la estructura ni un castigo más allá de linchamientos políticos.
Es decir, los casos de corrupción grandes y escandalosos no se han resuelto de fondo. Aunque los castigos y penas están estipulados en la ley, ningún funcionario público tiene miedo de cometer un ilícito por las consecuencias legales que puedan venir después.
Hemos cambiado los contextos legales varias veces, pero no estoy segura que el entramado legal sea problema. Sino en la manera de hacer cumplir lo que ya está escrito.
Por eso la duda genuina, ¿realmente necesitamos un cambio en las leyes o con hacer cumplir las que existen basta?
Tengo un ejemplo en específico: la Auditoría Superior de la Federación. Un órgano supervisor del gasto que funciona desde hace varios años.
Antes de una reforma sustancial en sus funciones, hizo una labor de fiscalización que se limitaba a señalar las irregularidades y eso bastaba para que el empuje de la sociedad y la oposición pidiera una rendición de cuentas.
Auditaba cuentas con retraso, pero aún así detectó problemas, gastos irregulares y los señaló sin miedo, Segalmex, las empresas de Duarte, la Estafa Maestra, la lista es larga y pesada.
Después tuvo una reforma y con ello más dientes. Y contrario a lo que uno esperaría, los resultados también son menos relevantes. Incluso en las filas de Morena se ha remarcado la tibia actuación del auditor. Eso es lo que me hace pensar que no es indispensable cambiar las leyes, sino hacer que se cumplan las que ya tenemos.
@Micmoya