Cuando hablamos sobre combate a la corrupción no dudamos del papel que tienen las autoridades, la estructura del Estado. Para cualquiera de nosotros resulta lógico que sean las autoridades quienes tienen que investigar, perseguir y castigar todas las malas prácticas y acciones que tienen que ver con la corrupción.
Pero quiero pensar que la labor no solo depende de las dependencias, de la policía, de ese lado del gobierno. En mayor o menor medida, la acción de estas para castigar o investigarse, tiene que ver con una presión social. Con un reclamo ciudadano, por lo que quizá buena parte del combate tiene que ver con la insistencia de la gente de a pie en revisar, en estar pendiente de las cuentas y actores públicos.
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Nuestra molestia incluso sobre la impunidad en algunos casos va volcada a las autoridades. Por poner ejemplos: están los resultados cuestionables de las fiscalías en los casos de alto perfil (hay exgobernadores encarcelados, no necesariamente con procesos concluidos, exfuncionarios que estuvieron presos un tiempo, pero sin sentencias. Pocos casos en los que el dinero malversado vuelve a las arcas). Están también los reclamos hacia la Auditoría Superior de la Federación, hacia los órganos internos de las dependencias por lo poco que hay para presumir de avance.
En mucho el combate a la corrupción está atado a una voluntad política de los gobiernos y los gobernantes que permiten, o bloquean, la persecución e incluso la denuncia de los delitos. Pero la voluntad política de abatir la corrupción tiene que ver con la presión ciudadana.
Por eso creo que una articulación entre esos ámbitos y la ciudadanía es importante y útil. En una entrevista con Patricia Talavera, quien ahora está al frente del Comité de Participación Ciudadana, ella destaca el valor y la necesidad de que los dos mundos se comuniquen.
El trabajo no es sencillo. Los ciudadanos no tenemos por qué entender todo el entramado legal de atribuciones y posibilidades jurídicas a la hora de hacer una denuncia. Pero también creo que debemos asumir que hay cierto deber cívico (y un poco nuestro derecho) en supervisar y dar seguimiento a quienes nos gobiernan.
La denuncia ciudadana es un buen sitio para empezar. Quizá, como bien apuntó Talavera, habrá que moderar expectativas sobre lo que una denuncia puede hacer realmente. Habrá que lidiar con ciudadanos con iniciativa que quizá a medio camino queden algo desencantados.
Quizá por eso el valor del Comité, esa función de ser un puente de comunicación para que no dejemos de lado la posibilidad de revisar los recursos que son de todos.
No todas las denuncias terminan en una carpeta de investigación, ni tampoco todas terminarán con un castigo de cárcel —principalmente porque no todas las irregularidades se pueden castigar así— pero saber que hay quienes revisan el actuar desde afuera creo que puede ser una buena forma de ejercer presión para que la corrupción se combata. Para que haya consecuencias.
@Micmoya