Tres personas están acusadas de participar en el asesinato de un niño de cinco años. El infante fue tomado como “garantía” por una deuda de mil pesos que su madre no pudo pagar.
El relato solo ya es trágico, pero hay dos problemas con este caso. El primero es el alto grado de impunidad que refleja el caso del niño Fernando.
Según las investigaciones iniciales dadas a conocer por la familia, la madre del niño sabía dónde estaba su hijo y acudió a las autoridades del Estado de México, varias de ellas, para pedir ayuda.
Acudió al DIF municipal en Los Reyes quienes la enviaron al municipio de Nezahualcóyotl, donde tampoco tuvo respuesta. Tuvo que intervenir una tercera instancia, pero ya era tarde y Fernando había muerto varios días antes.
Lo escandaloso es la pasividad de las autoridades ante una problemática tan crítica. Que un menor haya sido tomado como garantía de un pago. Como una mercancía o algo intercambiable.
Además que la madre haya acudido a las autoridades con una urgencia de ese tamaño y estas se hayan dado el lujo de responder con burocracia.
La lista de irregularidades debió ser larga, pero las autoridades no actuaron ni con diligencia ni con la urgencia que se necesitaba.
Creo también que lo preocupante es que esta misma urgencia se debería buscar en la reacción pública, en la revisión del actuar de las autoridades, en el seguimiento del caso, en la gravedad de las sanciones que deberían venir.
Tendríamos que estar dando un seguimiento puntual sobre lo que pasa tanto con los perpetradores como con la cadena de autoridades negligentes.
El segundo problema del caso de Fernando, es que los análisis hechos por REDIM aseguran que los índices de violencia en contra de los menores de edad han incrementado su frecuencia y el nivel de violencia. Por lo que destacan su preocupación porque el fenómeno siga y se agrave.
Según la Red por los Derechos de la Infancia en México, las agresiones a los menores de 17 años han aumentado en los últimos años a la par de algunos brotes de violencia.
También de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a mayo de 2025, 958 personas de entre 0 y 17 años fueron víctimas de homicidio a nivel nacional.
Otro dato: en 2023, de acuerdo con cifras del Inegi, mil 243 personas de menos de 17 años murieron por agresiones en el país.
Es desesperanzador contar historias tragiquísimas de niños, como la que contamos en este espacio sobre casos de pornografía infantil dentro de un penal. O casos de violencia vicaria o historias de niños que estuvieron en un fuego cruzado en un enfrentamiento.
Pero la pregunta es: ¿cómo hacemos para indignarnos más fuerte?, ¿en dónde pedimos mejor trabajo a las fiscalías, una mayor eficiencia a las autoridades?
Porque si como comunidad y como autoridades somos deficientes en brindar protección a quienes son más vulnerables, ¿cómo vamos a garantizar que nuestra sociedad funcione?
@Micmoya