Ser presidente municipal en los últimos años, no parece ser una opción segura y al mismo tiempo es una de las estructuras más importantes de la política.
En el sistema de Gobierno de México, ser alcalde o una autoridad local, es uno de los primeros pasos para entrar en el ejercicio de Gobierno y, en los últimos días, es uno de los espacios que se ven más vulnerables.
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Según los mismos funcionarios públicos, es uno de los trabajos más demandantes y más aleccionadores, porque el electorado es mucho más cercano y las peticiones, las necesidades y los reclamos están disponibles ahí mismo en la colonia.
Además, con la presencia del crimen organizado, se ha hecho cada vez más evidente que la primera búsqueda de entrada son esos puestos, donde se llevan a cabo las decisiones cotidianas, aquellas más cercanas a las personas y a las actividades que nunca van a dejar de realizar.
Es entonces cuando las organizaciones criminales se acercan a tratar de imponer una parte de gobierno, una cuota en el entramado de gobierno y quienes ocupan estos espacios forman parte del crimen o se enfrentan a amenazas y presiones que pueden llegar a costarles la vida.
Para cuando escribo esto, sabíamos que el expresidente municipal de Zongolica, Veracruz, Juan Carlos Mezhua, fue asesinado. Un grupo armado lo atacó en la comunidad de Piedras Blancas y le disparó.
Con eso, Veracruz ha registrado 152 asesinatos de personas relacionadas con la política de 2018 a la fecha. De ellas, 30 fueron ejecutadas en 2025.
Con esas cifras, lo que necesito dar a entender es que el ataque está lejos de ser un hecho aislado o un caso extraordinario.
Parece ser más bien una historia que se repite mucho en Veracruz, en Guerrero, Guanajuato, la lista puede seguir con prácticamente todos los estados de la República.
El ataque al exfuncionario sólo es una muestra de la frecuencia de los incidentes. Apenas hace poco más de 20 días asesinaron a Carlos Manzo en plena plaza de su municipio.
Michoacán tiene registrados al menos 79 casos de funcionarios asesinados desde 2018, incluye a empleados del ayuntamiento y hasta alcaldes en funciones.
El problema es que la presión en los funcionarios municipales no cede, la problemática es evidente y hasta ahora, salvo operativos especiales cuando hay una situación mediática, los municipios están vulnerables a todo.
Y aquí la duda genuina, ¿cuándo podremos exigir una estrategia de seguridad que ayude de una vez por todas?
¿Cuándo podremos eliminar de la ecuación los cálculos sobre la vulnerabilidad para ellos o sus familias para que el foco de las acciones pueda ser un Gobierno eficaz?
El que los incidentes relacionados con ese eslabón de Gobierno hace vulnerable la toma de decisiones a muchos factores que pueden estar lejos del bienestar de la población. Reforzarlo, cuidarlo y darle garantías es mejorar el ejercicio de gobierno de la raíz y podría traer beneficios duraderos. De esos que necesitamos en estos días.
@Micmoya