El 30 de diciembre de 2025, casi para cerrar el año, un juez de control determinó no vincular a proceso por terrorismo a Rafael León Segovia, un periodista de Veracruz. Pero ese día, pese a todo, no fue de buenas noticias.
No alcanzó a ser una buena noticia porque “Lafita” León como se le conoce sí fue vinculado a proceso por encubrimiento, por favorecimiento y ataques a las instituciones de seguridad pública. Es decir, sigue un proceso judicial en su contra (y en prisión domiciliaria) debido a las actividades de reporteo que realiza desde hace varios años.
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De inicio el periodista fue detenido bajo la acusación de terrorismo, un delito que después de reclamos de la sociedad civil y, sobretodo por una petición de revisar el caso de la Presidencia de la República desde la conferencia de la Mañanera, fue desestimado.
Pero la realidad es que el resultado de la audiencia no es nada alentador para cualquiera de nosotros que nos dedicamos a ejercer el periodismo.
Rafael durante la audiencia tuvo que llevar testigos que aseguraran que cuando reportea no llega todo el tiempo en primer lugar. Que esta actividad a veces es mucho de suerte, de cultivar fuentes.
Tuvieron que ir testigos a asegurar que “Lafita” solo hace su trabajo, que cuenta con apoyo del gremio, que solo tiene un día de descanso, cosas simples que pasan en la vida de un periodista.
“A veces llega uno, a veces otro y nos pasa datos”, contaron los testigos. Así pasa casi siempre en el oficio.
Sin embargo, el juez de Control decidió que sí iba a juzgarlo por algo. Por llegar primero, por tener información y que, según su criterio, toda esa información debería estar con las autoridades para ayudarles a hacer su trabajo.
El problema es que el periodista no puede ser culpable de tener información, de saber, de enterarse y de dar a conocer. No puede ser delito informar, ¿o lo es? Esa es la duda genuina.
El que las denuncias, tips, pitazos o cualquier nombre que quieran ponerle no llegan a las autoridades tiene una lógica específica. Muchas veces las personas no confían en la autoridad, porque por una situación de ineptitud o incapacidad administrativa (todos sabemos de la sobrecarga en las policías de investigación, en los juzgados) denunciar formalmente es un largo camino de revictimización y resoluciones en contadas excepciones. Entonces, ¿de qué sí somos culpables los periodistas? De incomodar a la autoridad. Probablemente. Pero eso no merece cárcel.
Por eso el que sí haya un caso contra el periodista en Veracruz es una mala noticia. Porque cuando las autoridades fincan un caso en contra de un reportero por hacer su trabajo normalmente provoca un silencio y los silencios sobre lo que pasa allá afuera no le hacen bien a nadie.
La indignación que debería haber por un periodista en prisión domiciliaria debería ser más grande, porque lo que se está castigando es saber y difundir.
@Micmoya