Nada abona más al miedo que no ver los límites. La ingobernabilidad también se beneficia de no tener claro quién es el responsable directo de dar una orden o de impartir justicia. Por eso es tan delicado todo lo que descubrieron los colectivos cuando hicieron la denuncia del rancho de Teuchitlán y todo lo que contenía.
Tener a muchos encargados de un tema es casi lo mismo que no tener cabeza alguna, porque la responsabilidad gubernamental es una de las cosas más huidizas que existen en este país.
El problema podría escucharse de lo más administrativo. Este podría ser un texto únicamente que analice las fallas técnicas en un organigrama, que apunte los errores técnicos en una escalera burocrática en las que los escalones no son fijos ni claros.
La diferencia es que las fallas en la cadena de mando, lo difuso que son las responsabilidades legales de perseguir, de inspeccionar, de asegurar, complican una rendición de cuentas en un caso de personas desaparecidas.
El hallazgo del rancho de Teuchitlán en Jalisco no es solamente una instantánea muy gráfica de todo lo que hay alrededor de las personas desaparecidas: las pertenencias perdidas, las familias en una búsqueda frenética. Sino que también terminó por ilustrar todos los huecos de un sistema que tiene fallas y que, tenemos que reconocerlo, también está buscando cómo fallar menos.
Echar a andar sistemas de búsqueda, formas de homologación en criterios, que las dependencias compartan información, todo suma y ponerlo sobre la mesa es un avance que tampoco puede regatearse del gobierno federal. Habría que hacer una exigencia similar de los gobiernos locales aunque a veces argumentan que no tienen capacidades ni legales ni logísticas y mucho menos económicas.
El rancho puso en evidencia la poca comunicación de los gobiernos municipales con el gobierno estatal. El pedazo de tierra árida que encontraron los colectivos hizo muy sonora la falta de rigor policial, la falta de personal en el ministerio público para tener asegurado un rancho vinculado con el crimen organizado.
Dejó claro también que las fiscalías estatales tienen poca comunicación con la fiscalía federal y cuando la tienen es fraccionada, lenta.
Y aquí la duda genuina: ¿En dónde termina la responsabilidad de un gobierno y empieza la del siguiente? y cuando no lo sabemos ¿quién lo determina?
Además de pensar en términos políticos y sociales y de justicia es momento de pedir cuentas a los gobiernos municipales. Porque no se explica que en una localidad de 9 mil 600 personas con 8 mil 800 personas que podían votar, un presidente municipal hiciera campaña en la calle y no supiera nada. ¿De qué sirve conocer el territorio? ¿Qué función tenía ese eslabón si no tenía la menor idea de lo que sucedía?.
Lo crítico de todo es que tenemos un cúmulo de personas que no han logrado cerrar un ciclo. No pueden echar a llorar sobre una tumba ni tocar la puerta para dar las malas noticias porque no hay noticias ni buenas ni malas todavía. Es un limbo constante y permanente.
@Micmoya
