En los últimos años, es poco común que gobernadores salientes no tengan una acusación después de su salida. El verdadero problema es que la justicia mexicana hasta ahora no ha sido capaz de conformar un caso sólido y el mensaje de impunidad sigue siendo mucho más potente que el del castigo.
Ni siquiera la alternancia de partidos ha garantizado un juicio que pueda reunir las pruebas suficientes en contra del desvío de recursos o cualquier otro delito.
El próximo miércoles, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados determinará si se inicia el proceso de desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco y de Alejandro Moreno, ex gobernadores de Morelos y Campeche respectivamente.
No es la primera vez que un gobernador saliente tiene un expediente en su contra por mal manejo de recursos públicos o alguna otra irregularidad. Probablemente tampoco será la última, pero esta vez tomaremos los ejemplos solo para ilustrar una situación recurrente en México.
Aunque el desafuero en el caso de Cuauhtémoc Blanco no inició por un tema de corrupción, el caso sirve para demostrar las pocas posibilidades que hay para llevar un proceso que no esté contaminado con implicaciones políticas cuando se trata de un funcionario.
En el caso de Alejandro Moreno la acusación viene de sus años como gobernador de Campeche, cuya gestión terminó desde 2019, lo que ya de por sí habla de que no hay un proceso expedito y la posibilidad de que la justicia lo sea es bastante complicada.
El verdadero problema con las acusaciones en contra de los funcionarios públicos, es que están completamente mezcladas con la política y hasta ahora no ha habido un expediente sólido que ayude a tener claro si hay delitos que perseguir y una ruta clara para castigarlos.
La conformación de expedientes que logren comprobar el desvío de recursos y un castigo efectivo todavía es un tema pendiente y son contados los casos en los que podemos hablar de fincar delitos y lograr castigos que sirvan de ejemplo para que los funcionarios que vienen, dejen la tentación de meter las manos en el presupuesto o de lograr impunidad en cualquier delito.
En el caso de las acusaciones por el desvío de recursos se suma que las observaciones que hay se replican prácticamente en cualquiera de las otras administraciones y que se han denunciado frecuentemente.
Se paga por servicios que no se pudo comprobar que se completaron, no hay un estudio a conciencia de qué y por qué se paga y están implicadas varias dependencias que terciaron pagos con otras. Las observaciones hablan más de un caos administrativo donde nadie parece tomarse la molestia de saber y detectar claramente a dónde van los recursos públicos.
Y aquí va la duda genuina: ¿el problema son los gobernadores o las autoridades que hasta ahora han fallado en garantizar justicia?
Quizá estamos mirando al sitio equivocado para reclamar irregularidades. Daremos por sentado que las leyes se rompen y por eso debemos reforzar a quienes están enfocados en hacer que se cumplan.
