En menos de una semana hemos tenido más datos sobre desfalcos hechos por líderes sindicales o sus familiares que de conquistas laborales.
Sin duda las organizaciones de trabajadores sirven de mucho al poder: tienen la capacidad de hacer movilizaciones sociales (basta ver la asistencia de personas al zócalo el sábado pasado), en ocasiones controlan los movimientos que pueden derivar en una huelga y a través de ellos muchas empresas —y el mismo gobierno— cumplen, al menos en papel, con la obligación de otorgar derechos a los trabajadores.
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Pero en términos reales, los sindicatos han sido deficientes en la defensa de derechos laborales de los trabajadores y el problema que se avecina es que pueden tener un costo en las negociaciones del T-MEC.
Menos del 25 por ciento de los trabajadores en México se encuentra afiliado a un sindicato, pero esto no ha impedido que estos sigan teniendo una fuerza política importante.
Según los datos oficiales, en 2017 la secretaría del Trabajo registró una tasa de sindicalización del 23.2 por ciento. Siete años después, en agosto de 2024 la cifra llega al 22.3 por ciento.
Pero esa fuerza política basta para desarrollar estructuras paralelas que los benefician solo a ellos o su círculo cercano.
Van un par de ejemplos: ayer por la mañana se anunció la detención de Edgar N, alias Limones, quien presuntamente encabeza una organización criminal en el norte del país y fue secretario de Organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Durango.
También, hace unas semanas se reveló que los hijos de Ricardo Aldana, líder del sindicato de Pemex, vendieron combustible a diversas empresas federales por un total de mil 557 millones de pesos.
¿Cómo podemos saber que parte del dinero o las conexiones del sindicato no se usaron para beneficio de cualquiera de los representantes que tienen investigaciones ahora?
Sabemos poco porque la transparencia es otro de los puntos flacos de las organizaciones en México.
El problema en este momento es la poca disposición de modificar estas estructuras. Más allá de hacer cambios o relevos maquillados en el poder, como fue en el caso de Pemex, la posibilidad de transformar el papel de los sindicatos no se ve como una tarea posible en el corto plazo.
Y aquí la duda genuina, ¿verdaderamente representan ahora una defensa de los derechos de los trabajadores?
Más pareciera que apenas pueden con la defensa legal de sus propios dirigentes. ¿Qué queda entonces para los trabajadores? ¿Cómo pueden participar en las discusiones por las jornadas reducidas?
México tiene un escenario contradictorio. Los sindicatos son unos de los sectores más poderosos y al mismo tiempo, es uno de los países con menor presencia de sindicatos privados —apenas unos cuantos en la industria automotriz—. Tenemos poco tiempo para modificar las condiciones, antes de que la negociación del T-MEC, que incluye en sus capítulos los derechos sindicales, venga a darnos una dosis amarga de realidad.
@Micmoya