El Gobierno mexicano defendió a capa y espada a un grupo de funcionarios acusados de colusión con el crimen organizado con el argumento de que no había pruebas en su contra.
La semana pasada dos de las diez personas imputadas en Estados Unidos se entregaron ante las autoridades y decidieron cooperar con el sistema de justicia de ese país.
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La duda genuina aquí es: ¿qué significa eso para la justicia aquí en México? Y, ¿qué hacemos con todas las veces que nuestros políticos negaron la existencia de un crimen porque las autoridades en Estados Unidos no aportaron algo que nuestras autoridades consideraran convincente?
Ya de por sí fue grave que otro Gobierno tuviera que señalar las faltas en el sistema mexicano y después tuvimos otra dosis cuando se hizo evidente que las autoridades mexicanas no tienen intenciones de hacer investigaciones y mucho menos poner un remedio a la dinámica que tenemos ahora.
Lo grave es que tampoco parece que este modus operandi vaya a terminar pronto.
Estados Unidos acusó a un gobernador en funciones y a algunos de sus colaboradores por cooperar con el crimen organizado para que operara de manera impune.
El Gobierno mexicano hizo una serie de esfuerzos y declaraciones para defender en muchos sentidos a quienes aparecieron en la acusación (el mandatario de Sinaloa, un senador por Morena y otros colaboradores del Gobierno local).
Según lo dicho por las autoridades en Estados Unidos, y reportado por The New York Times, lo de Rocha apenas fue una muestra.
Las autoridades estadounidenses pretenden triplicar los procesamientos de funcionarios mexicanos, lo que casi por seguro va a significar que nuevamente una autoridad quede cuestionada, el Gobierno mexicano tenga poca capacidad de respuesta y el ejercicio del poder quede herido.
Creo que lo que deberíamos preguntarnos es exactamente qué vamos a hacer con las fiscalías y las policías de investigación. Porque no podemos depender de las acusaciones de otro país para que quienes están señalados tengan la intención de testificar y negociar.
Porque entonces, ¿con qué justicia nos quedamos en México?
Si resulta que hay quienes se presentan a declarar en un tribunal extranjero y nosotros en México no tenemos ninguna idea ni de los vínculos ni de las repercusiones nos deja con muy poco margen para erradicar el problema de raíz.
Y el costo tanto político como social que tendremos a largo plazo nos resultará muy alto.
La duda genuina aquí es saber si al Estado mexicano le preocupa algo de lo que sucede y su absoluto papel de espectador y si tiene una intención específica para cambiarlo por uno que efectivamente combata el crimen.
La pregunta deberíamos hacerla pronto para poder tener la certeza de que vamos a lograr un cambio sostenible, para no tener que enterarnos de cómo funciona el país en las declaraciones en tribunales que no son nuestros.
@Micmoya