Miriam Castillo

El fin de semana Estados Unidos emprendió una operación que llamó “Resolución Absoluta” en territorio venezolano. Después de meses de acciones de inteligencia, las fuerzas estadounidenses entraron por Nicolás Maduro y su esposa y los trasladaron a Nueva York donde tienen una imputación por narcoterrorismo y tráfico de cocaína.

La operación, según las autoridades venezolanas, dejó 40 personas muertas y daños en algunas casas de la periferia. El resultado fue que Maduro y su esposa fueran trasladados a Nueva York donde se espera que se les siga un juicio.

Hasta ahí lo que tiene sentido. Casi todo lo demás que sucedió el fin de semana más bien nos deja una cascada de preguntas y una sensación de inquietud con una dosis más bien larga de incertidumbre.

Trump decidió llevar a cabo la operación fuera de territorio extranjero sin la autorización del Congreso. Un paso que debía cubrir para que toda la operación fuera legal en su país y, esto quizá está a debate, fuera mejor vista bajo la óptica de derecho internacional.

Lo cierto es que probablemente no se pidió permiso porque no había una amenaza abierta de parte de Venezuela que pusiera en verdadero riesgo la seguridad de Estados Unidos para que convincentemente se aprobara la operación.

Si bien hay algunas pruebas de tráfico de drogas, no socava ninguna de las instituciones de gobierno ni la paz. No hay pruebas explícitas de que Maduro dirija un cártel, como es la acusación hasta ahora.

Hay numerosos artículos de prensa en los que se habla de que se nombró así por una comparación y los funcionarios de Trump decidieron tomarlo literal.

Y aquí viene el problema, como consideró que no habría un camino legal, decidió ir sin ninguna regla. Solo con la presunción de que su fuerza militar tiene mucha más potencia. Lo que pone a casi todos los países de la región en una situación bastante crítica.

Y aquí la duda genuina: ¿Qué haremos con las amenazas futuras de Donald Trump? Desde qué tribunal internacional podremos ponerle un freno a un gobernante que además de ejercer un poder de fuego en un país, se queda el privilegio de “dirigirlo” hasta que quede conforme con las condiciones en las que se desarrolla.

Durante la conferencia de prensa que dieron las autoridades después del ataque no ocultaron que el primer objetivo es el control del petróleo. Saldar una deuda alegada y que después de manejar ese activo la democracia y el control político del país es más bien lo de menos.

Lo preocupante en general es la parálisis del resto de la comunidad internacional que no han sabido articular ningún otro argumento más que el respeto a la soberanía pero con pocos decibeles, con ganas de no provocar ninguna queja desde el lado del vecino poderoso.

Estamos en una situación compleja, donde tendríamos que construir una comunidad internacional sólida con contrapesos que permita hacer frente. Porque las amenazas definitivamente no han hecho más que empezar. Ojalá veamos que se dibujan algunas rutas desde el gobierno pronto.

 

     @Micmoya