Miriam Castillo

Cuando hablamos sobre agua, necesitamos que sea transparente. El líquido, evidentemente, pero también todos los criterios de manejo, gobierno y asignación que circulan alrededor de ella.

El manejo del agua ha cambiado de manera profunda a lo largo del tiempo y de las administraciones. Primero porque hace años —en la década de 1990, por ejemplo, de cuando data la última reforma sobre el agua en nuestro país— el líquido no hacía falta y los impactos de la contaminación y del manejo del agua no eran una situación tan grave como lo es ahora.

Ahora, en medio del cambio climático que desencadena temporadas de sequía, el acaparamiento por parte de empresas privadas del líquido y los profundos impactos que provoca la contaminación, la disponibilidad del líquido es cada vez más compleja y se necesita la intervención del gobierno para garantizar que todos tengamos el derecho de acceder al agua.

El reto no suena sencillo, pero termina siendo solo responsabilidad de las autoridades garantizar un reparto equitativo.
Tan solo en materia de contaminación y tratamiento de agua la tarea es grande. Según las cifras de los expertos, solo 52 por ciento de las aguas residuales reciben tratamiento antes de ser vertidas al medio ambiente.

Otro tema pendiente que deberíamos vigilar para que se resuelva en la ley de aguas, es el manejo de los datos que existen alrededor del agua. ¿Quién la recibe? ¿Cuánto paga por ella? ¿Qué ganancias tiene después? ¿Quién puede almacenarla y distribuirla?

Durante varios años, periodistas y organizaciones no gubernamentales se han dedicado a tratar de comprender y dilucidar la distribución del agua. Quién tiene acceso y quién se beneficia del uso del agua. Pero la transparencia no ha sido una de las virtudes de la Conagua durante muchas administraciones distintas.

Solo como ejemplos: en 2019 hubo un incendio en las instalaciones de la dependencia que complicó el acceso a varios de los archivos de registro. En 2023 hubo un hackeo masivo en los servidores de la dependencia, sin que hasta la fecha sepamos la magnitud del impacto de esa intromisión y si se alteraron algunos de los archivos.

La noticia de que habrá un sistema Nacional de información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del agua suena a un rayito de oportunidades, pero habrá que esperar a las letras pequeñas que terminan notándose en la aplicación de la ley.

En la nueva propuesta los cambios que destacan tienen que ver con las sucesiones, con los derechos de riego y la operación de distritos de riego. Dentro de la discusión también está la de registrar los derechos al agua de poblaciones indígenas y núcleos agrarios.

La discusión de la iniciativa solamente ha sacado a relucir los muchos intereses alrededor del agua que existen y remarca el valor que tiene el líquido. Y por eso aquí la duda genuina: ¿Qué tan transparente debería ser nuestra discusión sobre el agua?

 

     @Micmoya