A los gobiernos locales y federales les gustan los números. Les gusta dar estadísticas, les gusta tener métricas de sus desempeños de gobierno, de cómo y a qué velocidad se alcanzan (o no) las metas.
Lo que no les gusta tanto es dar a conocer esos números. O los resultados que arrojan los indicadores.
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La práctica no ha sido exclusiva de los gobiernos federales. A través de trabajos periodísticos se ha documentado la modificación de los contextos o abiertamente de las cifras en gobiernos estatales.
La incidencia delictiva es uno de los rubros preferidos de los gobiernos, quizá porque muchas veces las promesas de campaña van enfocadas a modificar las tendencias de delitos, uno de los sectores más sensibles para la población.
Prácticamente todos los gobiernos han tenido la tentación de hablar únicamente con cifras.
Y hablan con ellas como premisas indiscutibles de que alguna política funciona. Y una parte tiene razón. Pero cuando estas empiezan a no ser tan halagadoras o a dejar de lado los matices que pueden tener ciertos indicadores, ya no se reciben con el mismo entusiasmo.
Más de una vez en esta misma columna hemos hablado acerca de los indicadores. Es necesario medir los resultados para saber el alcance de las políticas o su eficacia, pero también es necesario dar seguimiento a los criterios para generar las cifras porque de otro modo la comparación no sirve de nada.
Pero cuando las expectativas de desarrollo no son las que esperan, pues no es que modifiquemos los datos duros, sino los criterios con los que los medimos.
En los últimos días el gobierno federal ha empujado con fuerza la comparación de los datos que tienen que ver con los homicidios. Casi con la misma fuerza que las organizaciones han destacado la diferencia de criterios para contabilizar las muertes violentas.
Incluso han destacado la diferencia entre los criterios que hay entre las cifras que da el mismo gobierno.
Las autoridades achacan esa falta de concordancia a un “desfase metodológico”. Es decir una diferencia de criterios entre el INEGI y su manera de contabilizar las muertes - con actas de defunción- con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que habla de carpetas de investigación.
Más allá de las diferencias de método, creo que la duda genuina que debemos plantearnos es ¿qué queremos que nos digan las cifras? No necesitamos que cuenten historias que no existen.
Si bien pueden ser un gran indicador para la gestión de un gobierno, el fin último debería ser una mejora para los servicios de la ciudadanía. Para lograr eso, deberíamos quitarle el factor de vanidad a las cifras y encontrar una posibilidad en la que los criterios puedan homologarse, la manera de capturar los datos sea digital y rastreable.
Esto con la finalidad de modificar las políticas públicas que no funcionan y dirigir los esfuerzos de gobierno a algo que sea útil para la población.
En la era en la que casi todo puede hacerse de manera digital, el que los datos en ocasiones no sean comparables y públicos nos habla de una práctica que debemos perfeccionar.
@Micmoya