Miriam Castillo

Hace 6 días, en Veracruz un grupo de hombres armados irrumpió en la casa de la periodista Roxana Guzmán. El video de todo el hecho, grabado por la periodista, está en redes sociales y se interrumpe poco antes de que uno de los encapuchados se la lleve y desde entonces no tenemos noticias de ella.

El video es una muestra gráfica de una crisis que lleva años en todo el país y en ese estado en particular.

Según los datos de la organización Artículo 19, del año 2000 a la fecha se han documentado 176 casos de asesinatos de periodistas que podrían estar relacionados con su trabajo. Además, Veracruz es el estado con mayor letalidad.

El problema con las cifras es que no necesariamente nos dan una proporción de la emergencia que se tiene. No nos dejan saber lo que deja de contarse por cada reportero asesinado y las autocensuras que vienen después.

Pero para mí lo más escandaloso del caso es el silencio que hay alrededor. Lo poco que suena la indignación, lo normalizado que está en nuestro país el que un periodista tenga que callar.

Las reacciones del gobierno llegaron tarde y saben a conceptos repetidos. “Una enérgica condena”; una investigación que va abrirse. Pero hay muy poco de fondo y tampoco hay una verdadera intención de las autoridades por remediar las carencias de un gremio que lleva años deteriorándose.

El problema del caso de la periodista Roxana Guzmán es que no es una excepción. Es un suceso de pronto tan constante que no alcanzó a ocupar las primeras planas a pesar de lo gráfico de todo.

Y el problema es cuando todo pasa. Cuando los eventos son lo suficientemente sutiles como para no provocar un escándalo, pero también lo suficientemente consistentes para mermar las ganas de informar.

El problema también es que no necesita ser tan grave como el caso de Veracruz, sino que basta con acciones como una demanda legal a quienes revelan un sistema de corrupción de un gobierno o un modus operandi de un particular.

Basta con hacer complicado el camino para que perdamos algo. Y no lo digo desde mi gremio. El derecho a estar informado es uno que deberíamos cuidar y tratar de garantizar a pesar de quienes se opongan.

Porque lo que se obtiene con alguien haciendo escrutinio al gobierno y a los grupos de poder alcanza para que la ciudadanía exija lo que le corresponde, ya sean sus derechos, el control de su territorio, voz sobre las decisiones con las que se ejercen los recursos públicos o conocer los impactos de una nueva tecnología en la vida futura.

Informar tiene muchas más repercusiones que solo saber qué sucede afuera. La información genera una vinculación con el entorno y puede detonar una fuerza ciudadana para exigir cuentas, algo que muchas veces no es bien recibido desde el poder.

Por eso creo que nuestro silencio es mucho más caro y deberíamos repensarlo. Necesitamos hacer un escándalo de la proporción del problema y nuestro problema es cada vez más grande.

 

    @Micmoya