En México tenemos un problema ambiental y el problema es que consideramos que no tenemos uno.
Nuestras políticas en general están orientadas a cubrir algunos otros números que no necesariamente tienen que ver con preservar los recursos naturales que tenemos.
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Pongo un ejemplo reciente, pero hay más de uno. Apenas hace unos días, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, admitió que hubo un derrame de petróleo en el Golfo de México.
La noticia del derrame no era nueva, lo nuevo fue que el director de la paraestatal admitiera que el origen del crudo en el mar fue responsabilidad de la empresa.
Y aquí es donde mi premisa se refuerza. Los esfuerzos del Gobierno mexicano nunca estuvieron necesariamente en contener la contaminación en la zona, sino en limpiar culpas. Desdeñaron lo dicho por organizaciones ambientales como Greenpeace con mucha más vehemencia que con la que buscaron el origen del problema.
La preocupación aquí creo que es, ¿quién nos ayuda a cuidar los recursos naturales si no es el Estado?
Y la duda es verdaderamente genuina porque no sé si la vigilancia y el cuidado cae en las dependencias —cuyos recortes de personal y de presupuesto las han vuelto en entes sin muchos dientes y sin muchas posibilidades de vigilar— o si debemos asumir como ciudadanía que en realidad tenemos el papel de vigilar la gestión del gobierno respecto a los recursos. Es decir, ¿nos toca a nosotros y a nuestra organización particular y civil?
Lo pregunto por las decisiones que se dan a conocer cotidianamente. El fracking, la construcción del tren Maya a pesar de las advertencias de los grupos de ambientalistas.
Ahora, tenemos que colocar sobre la mesa el hecho de que difícilmente habría algún tipo de desarrollo de infraestructura sin un costo ambiental. Y que quizá justamente la tarea del Estado es balancear el interés de todos a largo plazo respecto de una variación o afectación en este momento.
No me queda claro dónde están nuestras posibilidades.
Sin embargo, las preocupaciones se forman en una hilera que no parece terminar pronto.
Porque si la respuesta nos dice que somos los particulares quienes peleamos la conservación de los recursos, no sé si vamos ganando la pelea. Las agresiones a quienes han hecho una lucha por el medio ambiente también aumenta.
Hace unos días, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda) dio a conocer un informe donde se dan a conocer quiénes son los agentes de agresión de quienes se opusieron a obras de infraestructura y hasta ahora los actores en buena medida tienen que ver con el gobierno en muchos niveles. Según el informe de la organización, el 38.3 por ciento de las agresiones fueron efectuadas por algún ente gubernamental, como gobiernos estatales, municipales, la Defensa, la Marina o la Guardia Nacional.
El foco que tenemos encendido es que mientras eso sucede, las mismas autoridades cuando tienen una tragedia ambiental en las manos no se ven ni preparadas ni preocupadas. En medio de un calentamiento global que avanza sin descanso, debería ser un escándalo.
@Micmoya