La emboscada en Río Grande ocurre en una región marcada por episodios de desplazamiento masivo. En junio de 2024, más de 4 mil personas abandonaron la cabecera municipal de Tila, en Chiapas, tras una serie de incendios de viviendas y comercios, asesinatos y desapariciones.
Familias completas huyeron hacia municipios vecinos como Sabanilla y Tumbalá con sólo las pertenencias básicas y, en algunos casos, animales de corral.
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El trasfondo del conflicto es una disputa por 130 hectáreas en el casco urbano, una controversia de más de seis décadas que se ha entrelazado con la lucha por el control del Gobierno local, recursos públicos y rutas estratégicas.

En los vacíos de autoridad, los grupos armados han establecido retenes, impuesto cobros ilegales y han reclutado a jóvenes.
Durante la pandemia de COVID-19, el cierre de accesos a la cabecera municipal impidió traslados médicos, un episodio que pobladores citan como ejemplo de las consecuencias directas del control territorial ejercido por actores armados.
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El conflicto raíz data de un decreto presidencial de 1934 que reconoció a los indígenas ch’oles como dueños de las tierras de Tila.
