El Gobierno federal publicó este lunes el decreto mediante el cual se expropian 101 terrenos de propiedad privada, con una superficie total de 914 mil 693.45 metros cuadrados, para la construcción de los tramos del 1 al 6 del Tren Maya. Los predios afectados están distribuidos en cinco estados del sureste del país: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
La expropiación forma parte del proyecto de infraestructura más ambicioso de la región sureste en décadas. “El Tren Maya, que abarca mil 525 kilómetros, busca mejorar la conectividad entre las principales ciudades y destinos turísticos de la Península de Yucatán, e impulsar el desarrollo económico y social”, expresa el decreto.
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Los terrenos afectados se localizan en diversos municipios de los cinco estados involucrados. En Chiapas, hay un impacto a 11 propiedades en Palenque y La Libertad. En Tabasco, se expropiaron seis predios en Tenosique y Balancán.
Campeche registra ocho terrenos expropiados en Candelaria, Escárcega y Champotón.
Yucatán tiene el mayor número de predios afectados, con 48 terrenos distribuidos en municipios como Mérida, Umán, Kanasín, Izamal y Valladolid, entre otros. En Quintana Roo, la expropiación incluye 28 propiedades en Solidaridad, Tulum y Othón P. Blanco.
El decreto destaca que el Tren Maya fortalecerá el turismo y la economía regional, lo que genera empleos, promueve el desarrollo sostenible y contribuye a la protección del medio ambiente. Junto a Tojil, ha dado asistencia técnica, creado protocolos y firmado convenios de colaboración.
Propietarios molestos
De acuerdo con el documento, los propietarios de los terrenos expropiados recibirán una indemnización. Los predios serán inscritos en el Registro Público de la Propiedad Federal y estatal correspondiente.
De acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, revelados por el medio digital Animal Político en 2023, tan sólo entre 2022 y ese año, para el proyecto ferroviario se expropiaron 15 mil 678 hectáreas en 28 decretos, que combinan terrenos ejidales e inmuebles de propiedad privada.
Por eso, el caso de Quintana Roo, hasta febrero de 2025, algunos propietarios de predios expropiados han impugnado por la vía del amparo.
