A través de un comunicado, la empresa dedicada a la pedrería conocida como "Matrimar" denunció los acosos y actos de extorsión cometidos a manos del gobierno de Samuel García en Nuevo León. La empresa dedicada a la extracción de material de construcción acusó la visita de autoridades del gobierno estatal con el objetivo de clausurar sus instalaciones, en un acto que consideraron ilegal.
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"Matrimar no cederá ante intentos institucionales de exigir pagos millonarios en efectivo al margen de la ley. Conductas que están siendo ya perseguidas penalmente en el país", expresó la empresa en su comunicado.
De acuerdo con la información, estos hombres arribaron cerca de la 1 de la madrugada del pasado 11 de febrero para colocar sellos de clausura. Finalmente, hicieron un llamado a las empresas que trabajan en el estado para impedir que se sigan efectuando esta clase de prácticas reprobables.
Revelan detalles del acoso a Matrimar
De acuerdo con información de Proceso y un audio difundido por El Norte, se ventilaron más detalles de la extorsión en contra de la empresa pedrera. Los detalles revelados muestran una llamada donde se mencionan a diversos miembros del gobierno de Samuel García hablando sobre el pago solicitado a la empresa Matrimar.
Durante esta llamada telefónica, Baltazar Martínez, diputado local y líder estatal de MC, habla con un directivo de Matrimar. Todo esto acerca del pago exigido por el gobierno estatal para no llevar a cabo la clausura de las instalaciones de la empresa.
En esta llamada se hace mención de Roberto Santos, director de fiscalización del SATNL; Raúl Lozano, secretario del Medio Ambiente en Nuevo León y Miguel Flores, secretario General de Gobierno de Nuevo León.
El conflicto entre Matrimar y el Gobierno de Nuevo León inició hace más de un año. Esto debido a que la Secretaría del Medio Ambiente estatal acusó a la empresa de afectar el medio ambiente a causa de sus actividades para la extracción de piedra caliza.
Ante las constantes clausuras de actividades, la empresa pedrera inició una batalla jurídica, amparándose en que todas sus actividades se han realizado conforme a la ley. Además de denunciar actos de extorsión y acoso cometidos por el gobierno estatal.
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Recientemente, Matrimar anunció una victoria en los tribunales que le permitieron la reanudación de sus operaciones. Señalando que, con su modus operandi, el gobierno estatal está más preocupado por las ganancias personales que por la prosperidad de las comunidades.